Académicos de la Ibero Puebla especializados en transparencia y libertad de expresión señalaron que durante la administración de Rafael Moreno Valle hubo un retroceso en estas materias, coincidieron en que el gobernador quedó a deber lo que prometió durante campaña y se incrementaron las amenazas hacia los periodistas poblanos.
Como muestra de lo anterior, Cuauhtémoc Cruz Isidoro destacó que de los 30 ataques cibernéticos que la organización Articulo 19, en defensa de la libertad de expresión, contabilizó durante 2015, 15 se realizaron contra medios de Puebla.
Pero además hubo amenazas directas contra reporteros, como sucedió en contra la reportera de esta casa editorial Paula Carrizosa, a quien durante un acto realizado en el Museo Internacional Barroco, el 5 de febrero de 2016, un funcionario le dijo: “¡No publiques nada, ya te lo advertí”.
Como esa agresión se contabilizaron 71 casos entre el 2011 y el 2015, dijo Cruz Isidoro al participar en el informe ciudadano con motivo del sexto y último informe de gobierno de Moreno Valle.
Como parte del análisis en libertad de expresión, destacó que durante el presente sexenio se dio la contratación de empresas especializadas en sistemas de vigilancia, como Hacking Team, así como el uso de virus informáticos para la extracción de información, lo que representa una clara violación a la privacidad de los periodistas.
Asimismo se dio la realización de mecanismos de control en la asignación de publicidad oficial que limita la democratización de los medios de comunicación y la existencia de información plural y objetiva, dijo durante su ponencia.
En ese sentido, subrayó que el gobierno saliente reportó el gasto en comunicación pero no los medios a los que repartió: en 2011 distribuyó 209 millones de pesos; en 2012, 141 millones de pesos; en 2013, 139 millones de pesos; en 2014, 133 millones de pesos y en 2015, 130 millones de pesos.
Luego, anunció que había una reducción de 30 por ciento del presupuesto de comunicación; sin embargo, una bolsa destinada al pago de medios comenzó a crecer en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Cecap).
Al respecto, Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la carrera de comunicación en esta institución, señaló que la opacidad fue la característica del gobierno de Moreno Valle, a pesar de que la transparencia y el acceso a la información fue uno de los ejes de la campaña de cuando fue candidato.
“Se hicieron una serie de mecanismos para bloquear el acceso a la información que no se han visto. Fueron creativos en eso. Así se dieron alrededor de 100 acuerdos de reserva sobre todos los proyectos de obra pública y cifras particulares”, mencionó Vélez.
La exintegrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) apuntó que con Moreno Valle este organismo público funcionó más como garante de la opacidad que de la transparencia a partir de nombramientos de comisionados cercanos al grupo en el poder.
“Por ejemplo la elección de Gabriela Sierra, que era funcionaria de la Auditoria Superior del Estado y que la elijen como comisionada hace dos años y luego la vuelven a elegir el año pasado a pesar de las críticas de las organizaciones”, remató.