Después de una exhaustiva búsqueda, el Comité de Transparencia del Congreso del estado de Puebla, presidido por Luz Herminia Camacho Rivera, confirmó que no pasó por el Poder Legislativo la aprobación del título de concesión que otorgó por 30 años la administración del servicio de agua, drenaje y alcantarillado a la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla.
Así lo dio a conocer este domingo los integrantes del Frente de Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra de su Privatización, quienes informaron que son “inexistentes” los documentos y grabaciones de la aprobación de la privatización del agua.
Lo anterior, en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública número 01308119 efectuada el pasado 16 de agosto al Congreso local, que dio como resultado “la inexistencia del decreto, expediente, versión estenográfica y grabaciones” que confirmen la aprobación para la celebración del contrato, después de una exhaustiva búsqueda en las unidades administrativas.
“Esta prueba fehaciente nos demuestra que la concesión a la empresa es ilegal, y se tiene que revocar la privatización del agua”, declaró Jorge Méndez, integrante del Frente.
Incluso, recordó que la semana pasada el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, planteó que efectivamente no pasó por el Poder Legislativo la aprobación de la privatización del agua.
Por lo tanto, junto con lo que aprobó el cabildo de Puebla para frenar los cortes ilegales de las tomas de agua y drenaje, apunta a que se tiene que revocar el contrato.
Asimismo, afirmó que no tendría ningún tipo de responsabilidad financiero ni jurídico, si se echara por tierra el título de concesión.
El documento -en poder de esta casa editorial- destacó que el resolutivo “fue analizar la inexistencia de la información referente al decreto y/o autorización del Congreso del estado de Puebla, respeto a la aprobación para la celebración del contrato de concesión del servicio público del agua potable y alcantarillado del municipio (Soapap) y la empresa denominada ‘Concesiones Integrales SA de CV’, expediente, grabaciones y versiones estenográficas”.
Una vez realizada la búsqueda en archivos físicos y digitales, la Secretaría General señaló la imposibilidad de entregar la documentación referida porque no está en resguardo del Poder Legislativo.
En septiembre de 2013, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Agua del Estado de Puebla para que los organismos operadores de los municipios puedan dar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrán fijar tarifas y embargar a morosos.
Aprobada por mayoría, la reforma autoriza a las empresas fijar las tarifas sin pedir consentimiento a los diputados locales, mientras que a los prestadores del servicio de contratar despachos externos para la cobranza y el embargo a los morosos.
Sólo nueve legisladores del PRI votaron en contra de esta modificación a la Ley de Agua, en la que se establece que los adeudos de usuarios serán considerados créditos fiscales, con lo cual los morosos podrán ser objeto de embargos sobre sus bienes.
La iniciativa fue presentada por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle, la cual aplica a 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) que son manejados por los ayuntamientos.
Entre ellos se encuentran los municipios más poblados de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros.
La reforma fue avalada por los diputados del PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PVEM, así como por los priistas Juan Manuel Jiménez y Ramón Felipe López.