La presidente del Grupo Transgénero Puebla, Gabriela Chumacero Rodríguez, hizo un llamado al Congreso del estado a aprobar la reforma que tipifica como delito las terapias de conversión sexual y no ceder a presiones de grupos de derecha que las defienden, porque son tratamientos violatorios de los derechos humanos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, reprobó que la Asociación de Padres de Familia por la Vida y la Familia y ministros de culto intenten frenar el proyecto, por no aceptar la libre orientación sexual e identidad de género.
Recordó que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dictaminó la iniciativa como procedente el 24 de mayo pasado, razón por la cual sólo necesita el aval del pleno para que sea una realidad.
En ese contexto, lamentó que el Congreso retrasara la votación del dictamen, al excluirlo de la sesión del jueves pasado, por lo que solicitó no demorar por más tiempo el proceso legislativo que lleve a su aprobación.
Aclaró que las terapias de conversión en realidad son “una tortura” que daña principalmente a menores de edad, a quienes pretenden corregir la orientación sexual y la identidad de género como si se tratara de una enfermedad.
“Los tratan como si estuvieran locos”, reprobó la activista, al alertar que ese tipo de asesorías, muchas de éstas de corte psiquiátrico y religioso, reducen la autoestima, incentivando conductas suicidas.
La reforma se propone al Código Penal para sancionar a personas y empresas que promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien ese tipo de tratamientos con uno a tres años de cárcel y multas de 50 a 200 días de salario, es decir, de 7 mil 85 pesos a 28 mil 340 pesos.
Si el pleno del Congreso avala el dictamen, Puebla será la sexta entidad federativa del país que atiende esa demanda de las comunidades lesbiana, gay, bisexual y trans, después de Ciudad de México, estado de México, Baja California, Tlaxcala y Jalisco.
En la discusión de la iniciativa en el interior de la Comisión de Procuración, el director de Asuntos Jurídicos del Congreso, Gilberto Ramón Navarro Jiménez, descartó que la medida responda a una “ocurrencia”, pues cuenta con el respaldo de organismos internacionales y ya ha sido legislada en cinco entidades federativas.