Una decena de trabajadores del ayuntamiento de Puebla, suspendidos por el Tribunal de Arbitraje del municipio, pidieron la intervención del Congreso del estado por la presunta violación a sus derechos laborales, por parte del edil panista Eduardo Rivera Pérez, quien les condicionó recientemente volver a recibir su sueldo a cambio de renunciar a las plazas que les otorgó la exedil, Claudia Rivera Vivanco.
Con pancartas y frases como “inicié la dieta del pan gracias a Eduardo Rivera”, los manifestantes se apostaron frente a la entrada del Congreso local, al momento en el que se desarrollaba la sesión ordinaria.
Acompañados por la fracción de regidores de Morena, que ingresó al recinto, los trabajadores denunciaron “terrorismo laboral” por parte del edil panista, Eduardo Rivera y de funcionarios clave como la síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena García.
Los afectados cuestionaron la “parcialidad” del Tribunal, instancia que no les notificó que habían sido suspendidas sus bases y la cual tampoco les permitió quejarse contra la decisión tomada.
En sus consignas destacaron que al darlos de baja de la administración municipal se les violan sus derechos humanos, al tiempo de subrayar que no solo se le afecta a cada trabajador en lo particular, sino también a sus familias que dependen de su sustento.
“Lalo ratero dame mi dinero; el gobierno municipal obedece a los intereses del sindicato; el tribunal no es imparcial, así no Lalín; tu tribunal charro no me quitará mi trabajo”, se leía en las cartulinas con las que protestaban.
En conferencia de medios, Leobardo Rodríguez Juárez, coordinador de los regidores de Morena, afirmó que se utilizó un argumento falaz para suspender los derechos laborales de los trabajadores, debido a que se señala que no se tomó en cuenta al Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (SUETHAPIP) como lo establece la legislación.
Y es que señaló que ese criterio solo aplica para las bases que quedan vacantes por muerte o jubilación de trabajadores sindicalizados, sin embargo, recordó que las 100 bases entregadas por la pasada administración no corresponden a ese tipo de trabajadores.
“Todas las plazas que los compañeros fallecidos o jubilados dejaron vacantes ya fueron utilizadas por propuestas del sindicato. Esas no fueron las bases que se otorgaron en el ayuntamiento”.
Asimismo, acusó que se utiliza un argumento que viola los derechos laborales de los afectados al afirmar que no han demostrado ser “personas confiables” o “probas”.