40 trabajadores de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros fueron despedidos injustificadamente el pasado 2 de mayo, de los cuales 19 ya fueron recontratados y 21 piden la intervención del gobierno estatal y federal para que se les regrese a su puesto.
En conferencia de prensa, relataron que sin mayor explicación de sus superiores y del rector Javier Santiago Reyes, quien lleva dos meses en el cargo y anteriormente era el director del Bienestar en el ayuntamiento que encabeza Irene Olea, se les indicó que ya no laborarían más e incluso se les intentó obligar a que firmarán su renuncia.
José Raymundo Ceja Vázquez, uno de los afectados, refirió que los docentes que buscan regresar a su fuente de ingresos, que en total son 17 –y cuatro trabajadores administrativos-, cuentan hasta con 25 años de antigüedad y en su caso, él es egresado de la misma universidad.
“No se nos ha reinstalado y no ha llegado a ningún acuerdo, negociación a efecto de ellos, simplemente se nos entrega un documento de notificación, en la cual se nos dice que prescinden de nuestros servicios. A unos compañeros les han querido entregar una hoja de renuncia voluntaria, ellos no la firmaron porque consideran que se les está violentando su proceso y ellos en ningún momento están solicitando la salida”, explicó.
Los afectados impartían clases en las carreras de Tecnología de la Información, Paramédico, Lengua Inglesa y Contaduría; de los que han sido reinstalados, son en su mayoría técnicos a los que se les ha dicho “disculpa, tú no ibas”.
Asimismo, indicaron que por el despido, ya interpusieron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y la Secretaría de la Función Pública. También hicieron de conocimiento a la Junta de Gobierno de la institución lo que está ocurriendo para que puedan intervenir y mediar, de la misma forman parte las secretarías de Educación Pública, del Trabajo, de Economía, de Planeación y Finanzas, así como la edil de Izúcar de Matamoros y tres representantes del sector productivo.
“Que se detenga la violencia laboral, la violencia de género y la violencia en todas sus manifestaciones. Las responsabilidad de los servidores públicos que avalen los ilegales despidos, tendrán que investigarse”, sentenciaron.
De no obtener respuesta satisfactoria por parte de la Universidad Tecnológica de Izúcar en los próximos días, a finales de mayo presentarán demandas contra la misma.
Asimismo, indicaron que la institución educativa sí cuenta con el presupuesto suficiente para mantenerlos en la plantilla laboral, pues para el ejercicio fiscal 2023 se le asignaron 71 millones 688 mil 237 mil pesos, cantidad a la que se deben sumar las aportaciones, participaciones, apoyos y subsidios que otorgan los gobiernos federal y municipal.