Tehuacán. – Una quincena de trabajadoras de Farmacias de Apoyo, empresa propiedad del expresidente municipal Francisco Javier Díaz Fernández, han sido despedidas en los últimos días tras denunciar abusos laborales y descuentos injustificados de sus salarios. Las exempleadas exigen su reinstalación o una liquidación conforme a la ley, además de la posibilidad de conformar un sindicato para defender sus derechos.
La problemática, según las afectadas, se remonta a una década atrás, cuando la empresa comenzó a obligar al personal a cubrir el costo de medicamentos caducados o dañados. A pesar de los esfuerzos por vender estos productos próximos a vencer, las trabajadoras eran responsabilizadas por las pérdidas, lo que resultaba en descuentos directos en su nómina bajo conceptos no especificados.
En rueda de prensa las extrabajadoras sostuvieron que el acoso laboral se intensificó con el nombramiento de directivos a quienes identifican como Jean, Jesús Méndez y la contadora Araceli; la última es señalada como responsable de los descuentos excesivos y el trato intimidatorio.
Ante esa situación decidieron asesorarse para conformar un sindicato y ello generó la ola de despidos que comenzaron el pasado martes, para lo cual la empresa se valió de abogados que con engaños las obligaron a abandonar sus puestos de trabajo para que se trasladaran al área donde fueron notificadas de su baja, sin que mediara una razón específica, ni la liquidación de ley.
Las afectadas informaron que acudieron a la Secretaría del Trabajo para presentar un escrito solicitando una verificación de sus condiciones laborales, al tiempo de iniciar el proceso para una demanda laboral colectiva, para defender sus derechos. De igual manera pidieron el apoyo del gobernador, ante el temor de que se incurra en tráfico de influencias en las instancias de conciliación y arbitraje.
Entre los abusos denunciados, las trabajadoras mencionaron descuentos sin justificación por supuestos adeudos de Conafort e Infonavit de años anteriores, la falta de pago de vacaciones y prestaciones, así como la modificación de su antigüedad laboral tras haber sido supuestamente ingresadas a una Outsourcing, sin su conocimiento, de modo que algunas de ellas tenían hasta 25 años de antigüedad y ahora su registro aparece con solo ocho.
Además, detallaron que la empresa les descontaba por errores en facturación, las obligaba a comprar insumos de limpieza y les prohibía el uso de teléfonos celulares durante la jornada laboral, dejándolas incomunicadas. Indicaron que su horario de comida era de solo media hora y se realizaba dentro de la empresa, además de que laboraban horas extra sin remuneración para rellenar exhibidores y limpiar áreas.
