El diputado federal desaforado del PT Mauricio Toledo Gutiérrez se declaró “perseguido político” ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile, para que la justicia de ese país niegue la extradición solicitada por el gobierno de la Ciudad de México.
Los abogados de Toledo, Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y Luis Masferrer, hicieron pública la estrategia que siguen para impedir que su representado sea detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En un comunicado que se difundió desde la cuenta de Twitter del petista, garantizaron que demostrarán que “ha sido víctima de persecución política en su país”. Agregaron que existe un acuerdo firmado entre Chile y México donde se determina que “la extradición no podrá ser concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida.
“Tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas”.
Aseguraron que Toledo llegó a la nación sudamericana el 25 de julio pasado, “por compromisos adquiridos con anterioridad, debido a que sus padres y familia son de origen chileno”.
El lunes se presentó ante la Dirección de Asuntos Internacionales, para ponerse a disposición de la justica e informar su domicilio actual “a efecto de atender cualquier requerimiento o notificación en dicho país, al tiempo que confirmó su absoluta confianza en la justicia chilena, en su imparcialidad e independencia”, abundaron.
El 11 de agosto pasado, en la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el desafuero, el fiscal especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, dio a conocer que Toledo tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos de 2012 a 2019, pero su remuneración neta por su cargo público de jefe delegacional de Coyoacán, de diputado local y diputado federal ascendió a 9.4 millones.
Existe una diferencia de 11.4 millones de pesos que no fueron declarados y no fue explicado su origen, sumado al hecho de que en 2017 recibió 3.4 millones por sueldos y salarios de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, la cual no tenían los recursos para realizar un pago de esta cantidad, detalló Rafael Chong.
Además, reportó dos transferencias electrónicas por la cantidad de 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos en 2019, sin embargo, en 2018 sus ingresos fiscales fueron de 4 millones de pesos y en 2019 de 1.8 millones de pesos, “siendo evidente que previo a estas adquisiciones contaba con un aumento patrimonial inexplicable”.