De los 13 jueces de distrito en Puebla cuyos cargos serán sorteados en junio de 2025, por lo menos cinco fueron cuestionados por sus resoluciones, pues algunas favorecieron a agresores de periodistas de Izúcar de Matamoros, negaron violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas y ampararon al empresario Kamel Nacif y al exgobernador Mario Marín Torres.
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Otros juzgadores de ese grupo tuvieron a su cargo los casos de la denuncia por tortura del exsecretario estatal Francisco Castillo Montemayor, el de una regidora que pidió su restitución en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, y la demanda de una empresa contra el ayuntamiento de Puebla.
Hay que recordar que fue este sábado cuando el Senado llevó a cabo el sorteo para determinar los juzgados y magistraturas cuyos titulares serán votados el primer domingo de junio de 2025 y en las elecciones federales de 2027, como parte de la reforma recientemente aprobada al Poder Judicial de la Federación (PJF) que permiten que los jueces y magistrados sean electos mediante votaciones populares.
En el caso de Puebla, en una primera etapa serán 13 juzgados de distrito y 17 magistraturas de circuito las que serán sometidas a elección para elegir a sus próximos titulares.
Entre los jueces que actualmente ocupan esos cargos, destaca el juez Miguel Arroyo Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, pues en el 2020 otorgó un amparo para descongelar las cuentas bancarias del empresario Kamel Nacif y del exgobernador Mario Marín Torres, mientras sobre ambos pesaban ordenes de aprehensión, en el primer caso, por lavado de dinero y señalamientos de prostitución infantil, y en el segundo, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Otra de las resoluciones de Arroyo Herrera que fueron cuestionadas, se emitió en 2019, cuando negó un amparo en el juicio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 y avaló una consulta indígena que, de acuerdo con defensores de derechos humanos como la organización civil Fundar, violó las garantías individuales de integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla.
En la lista también se encuentra la juez Daisy Oclica Sánchez, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal, quien en septiembre de 2020, cuando se desempeñaba como magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó la protección de la justicia federal a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, presunto integrante del Cartel de Sinaloa, para evitar su extradición a Estados Unidos.
Otro caso es el de la juez Lidia Antonio Sánchez, adscrita al Centro de Justicia Penal federal, quien en julio pasado vinculó a un proceso penal a seis funcionarios del municipio de Izúcar de Matamoros que son señalados de incurrir en agresiones y tortura en contra de dos periodistas de esa demarcación; sin embargo, no estableció la medida cautelar de prisión en su contra y fue señalada por las víctimas de alargar la realización de las audiencias.
Entre los casos relevantes que los jueces cuyos cargos serán votados, también destaca el de Julio César Márquez Roldán, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, pues tuvo a su cargo la denuncia por tortura del exsecretario de Medioambiente Francisco Castillo Montemayor.
De igual forma sobresale el juez Hipólito Alatriste Pérez ya que ordenó la restitución en su cargo a la regidora Beatriz Pérez Fragoso, en la administración de Paola Angón, quien este martes culminó su gestión como alcaldesa de San Pedro Cholula.
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