El estado de Puebla cuenta con 49 abogados que fungen como defensores públicos en materia penal, y cada uno de ellos atiende, en promedio, 184 casos por un salario de 9 mil 500 pesos quincenales, según cifras de la administración estatal.
Los defensores públicos son asignados a las personas que son señaladas de algún delito y que no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado privado que los defienda durante el juicio.
Se estima que en el país, el 80 por ciento de las personas en prisión no pudieron pagar un abogado particular y tuvieron que enfrentar su defensa con uno de oficio según datos del estudio ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría Pública en México’, elaborado por los investigadores Alberto Abad Suárez y Héctor Fix-Figuero.
A través de una solicitud de información pública, La Jornada de Oriente preguntó a la Secretaría de Gobernación cuántos abogados defensores de oficio están a cargo de casos de internos de las distintas cárceles que hay en Puebla, a lo que respondió que hay 49 en materia penal.
“La Dirección General de Defensoría Pública cuenta con 49 defensores públicos en materia penal”, respondió la dependencia.
Esta casa editorial también cuestionó a la dependencia cual es el promedio de casos que atiende cada uno de esos 49 abogados públicos, a lo que respondió que son 184 causas penales por cada litigante.
La dependencia también señaló que el salario de los defensores públicos oscila entre los 19 mil 121 y 19 mil 247 pesos al mes, lo que implica un promedio de 9 mil 500 pesos cada quincena.
Anteriormente, La Jornada de Oriente dio a conocer que la mitad de los 4 mil 853 internos del penal de San Miguel, que es el más grande del estado, tienen primaria o secundaria trunca, mientras que solo 36 cuenta con una licenciatura terminada y ninguno tiene un postgrado como la maestría, lo que implicaría que la mayoría no cuenta con recursos para pagar un abogado privado.
De acuerdo con la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para ser defensor público se requiere ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, con experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la profesión, acreditar la evaluación de conocimientos correspondiente que le sea aplicada; no haber sido condenado por delito doloso; y no estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado como servidor público.
Es importante señalar que la misma ley prohíbe a los defensores públicos Ejercer la abogacía en forma particular, excepto cuando se trate de asuntos propios, del cónyuge, del concubino, así como de parientes consanguíneos en línea.