Autor: Ruty Amigón
El año 2020 arrancó sin avances claros con respecto a la contratación de obras financiadas por Fonden, sin resultados sobre las excepciones y sin que el INAH transparentara la aplicación de los recursos otorgados por la aseguradora Banorte y menos aún los recibidos de terceros. Con la publicación del informe de la auditoría practicada al INAH por la Auditoría Superior de La Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2019 supimos que la institución no comprobó debidamente los 117 millones de pesos de los 2 mil millones que el Comité Técnico del Fonden le aprobó en febrero de 2018, como parte de una primera etapa. Sin embargo, Diego Prieto aventuró que en 2020 se iniciarían todas las obras pendientes siendo que en ese momento Banorte ya había cesado los pagos a las empresas constructoras. En septiembre de 2018 se aseguraba que éstas tendrían su liquidación y por ello se excluyeron obras ya iniciadas. Ello amerita la pregunta: ¿el banco suspendió el pago de las facturas o es que continuaba el desorden en la administración de los recursos provenientes del seguro Banorte? Imposible saberlo. Lo cierto es que en esta situación aumentaron los problemas con las empresas constructoras y personas físicas, aunque la pandemia de Covid-19 permitió relajarlos y justificar el estancamiento de los asuntos con Fonden.
Por sorprendente que parezca, con todo este escenario critico narrado que se reproducía en otros centros INAH con patrimonio cultural afectado por los terremotos, durante 2019 no hubo un replanteamiento del “programa sismo” del INAH. En cambio, a partir de 2020, surgieron estrategias con el objetivo primordial de pagar facturas pendientes a los constructores que solo beneficiaría en disminuir presiones al INAH, aunque ha rezagado el resarcimiento de daños. Junio trajo consigo un nuevo director en el INAH Puebla y el surgimiento del “Plan Sedatu”, llamado así porque supuestamente tal Secretaría Federal compartiría recursos no ejercidos para cubrir una parte de los adeudos que dejó el seguro Banorte. Los fondos provinieron directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda). Sin mayores explicaciones el Plan Sedatu se convirtió en la nueva prioridad y el trabajo se enfocó en eso, relegando el problema de las excepciones y en consecuencia, se perdió el esfuerzo de casi un año de trabajo.
En este escenario CompraNet difundió que se contratarían alrededor de 170 obras para Puebla, a precios unitarios y en las modalidades que establece la LOPSRM. Se avisó también que “Sedatu” consideraba únicamente los inmuebles sin Fonden aunque al final el listado de inmuebles resultó mayor. Hay dudas sobre este proceso de contratación de obra pública y temores sobre posibles omisiones a la LOPSRM. Además ¿por qué a tres años de ocurridos los terremotos se da prioridad al pago de adeudos de ciertas empresas y se abandona a su suerte a otras, sabedores de que significaría exponer a mayores afectaciones los templos en donde se interrumpieron los trabajos?
El 27 de julio de 2021 concluyó el proceso de extinción del Fonden y de otros 108 fideicomisos. El interlocutor para fondos de reconstrucción ahora es Hacienda. No se han dado a conocer los mecanismos para acceder a los recursos, y así poder continuar con la rehabilitación del patrimonio cultural afectado. El gobierno federal, ha comunicado, que hará llegar esos fondos en forma más directa a la población y de esa manera finalmente se podrían tener avances en el rescate y restauración de los bienes culturales inmuebles y muebles dañados por los sismos.
He narrado cómo el inicio de obras con el financiamiento del seguro Banorte fue desordenado y sin formalidad legal. Quizás fue así porque lo asumieron como un trato entre particulares y los funcionarios del “programa sismo” prefirieron ser prácticos, en su respuesta a la situación crítica que dejaron los sismos, según lo ha declarado el arquitecto Salvador Camarena Rosales (coordinador nacional del “programa sismo”). Con recursos del erario público, fiscales o no, el INAH está obligado a incorporar en su plan anual de obras las destinadas a reparar los daños por sismo y a partir de esa programación gestionar los fondos necesarios. En forma tardía, en 2021, el INAH Puebla inició con el proceso de planeación, cuyos objetivos son nuevamente el pago de algunos pendientes económicos y esta vez se agrega la contratación de proyectos.
Toca el turno este año a algunos de los templos que fueron excluidos del seguro Banorte estando en obra y después suspendieron los trabajos. Sin embargo, aquellas obras con avances por abajo del 25% se considerarán como obra no iniciada y como proyecto a contratar. Es el caso del templo de Santa Mónica, en Cohetzala, así como el de Jesús de Nazareth, en Albino Zertuche y el de Santiago Caballero en Chila de la Sal, entre otros. Ante tal decisión cabe preguntar: ¿Dónde queda la empresa que aceptó la invitación del INAH a colaborar en el resarcimiento de daños, en condiciones riesgosas para su inversión, costeando, a pesar de ello, estudios de suelo y estructurales para un proyecto de intervención, además de trabajos preliminares y algunos de consolidación?, ¿Dónde quedamos nosotros, los supervisores, que fuimos el enlace y dónde la credibilidad del INAH? ¿Cómo piensa el INAH resolver los problemas legales que surgirán?
Por otro lado, otros inmuebles que se excluyeron del seguro Banorte con un avance significativo continuarán relegados y a la espera de que se resuelva su situación como es el caso del templo de San Lucas en Tzicatlán y Santiago Apóstol en Coacalco, ambos situados en la Mixteca, así como varios más en distintas regiones y entidades. Los templos con daños estructurales severos también tendrán que esperar un tiempo indefinido para ser intervenidos aumentando con ello el descontento de las comunidades, los daños y los costos. Más grave aún, alargado el tiempo sin intervenirlos, esos inmuebles pueden resultar irrecuperables. El frecuente anuncio de estudios en marcha para elaborar los proyectos de intervención, algo que ya suena para algunos pueblos como pretexto, no apaciguará la inconformidad de esas comunidades.