Las 400 cámaras de videovigilancia que se adquirieron por parte del ayuntamiento de Tehuacán podrían quedarse sin funcionar al término de la administración de Pedro Tepole Hernández, debido a un retraso por parte de la empresa a la que se le cedió la licitación, así lo reconoció el regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan.
El equipo ya está instalado en diferentes puntos de la ciudad, cuentan con botones de pánico, 10 de ellas tienen lectura de placas, pero hasta el momento no se sabe cuándo comenzarán a funcionar, por lo que el gobierno municipal podría aplicar una sanción a la empresa y no cubrirá el 25 por ciento que resta del pago hasta que se pongan en funciones, aseveró el edil.
La inversión del municipio para la adquisición de todo ese equipamiento fue de 42 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 37, quedando un resto de 5 millones, dinero que se retendrá si es que se incumple en la entrega.
Ramírez San Juan recordó que el compromiso de entrega era para marzo, pero cuando se hicieron las pruebas de las primeras 200 cámaras se detectaron fallas como la congelación de las imágenes, así como cortes en las mismas, lo que se adjudicó a que no se contaba con la energía suficiente, por lo cual solicitaron una prórroga para adquirir un transformador.
Con ese compromiso se alargó el plazo de entrega para julio, pero llegando ese mes tampoco se dio cumplimiento. A la fecha solo se ha logrado poner en funciones 200 cámaras, pero el regidor dejó claro que el contrato es por 400, de modo que, si no se entregan funcionando perfectamente antes del próximo 14 de este mes, solicitará que se inicie un proceso legal contra la empresa, por parte de la Contraloría municipal.
Y es que el 14 es el último día de gestión para el gobierno encabezado por Pedro Tepole Hernández, quien dejará el cargo para dar paso a la administración de Alejandro Barroso Chávez.
Armando Ramírez expresó su deseo de que en los siete días que quedan al gobierno actual se logren hacer todos los ajustes y las pruebas para que, al despedirse de su cargo como regidor de Gobernación, deje funcionado todo ese equipo de videovigilancia.
De no ser así, lo que heredará en lugar de las cámaras en funciones, será un conflicto legal más para el próximo ayuntamiento, ya que tocará a Alejandro Barroso dar seguimiento al proceso contra la empresa por incumplimiento de contrato.
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