Lunes, septiembre 20, 2021

TEPJF ratifica acciones penales contra autoridades de Hueytlalpan

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La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostuvo las acciones penales y administrativas que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó contra las autoridades del municipio de Hueytlalpan por posible falsificación de firmas y de documentación oficial. 

La sentencia del TEEP quedó firme debido a que el órgano jurisdiccional federal desechó las impugnaciones promovidas por la alcalde del PRI, Anayeli González Córdoba, por el contralor, Ramón González Martínez, y cinco regidores.     

Por unanimidad de votos de los tres magistrados que integran el pleno de la Sala Regional, se declaró improcedentes los juicios de la ciudadanía interpuestos por las autoridades municipales debido a que carecen de legitimación para controvertir la resolución “al haber actuado como responsables en el recurso local”. 

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El TEEP conoció el caso por un recurso de apelación interpuesto por el regidor electo de Hueytlalpan Alberto Santos García, quien denunció que la presidente municipal le ha negado la toma de protesta desde octubre de 2018. 

Al analizar el caso, el tribunal local ordenó al Cabildo de Hueytlalpan rendir protesta a Santos, al concluir que fue ilegal el nombramiento como regidor del suplente Sergio Ramos Vázquez. 

A la par, el TEEP dio vista a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que inicie una investigación sobre la disparidad que detectó en las firmas autógrafas de Sergio Ramos en dos documentos oficiales.   

En una diligencia realizada el 19 de febrero pasado, refirió el tribunal local en la sentencia, Sergio Ramos negó el contenido de un acta de sesión ordinaria de Cabildo que tiene fecha del 3 de mayo de 2019 y de un escrito fechado el 1 de diciembre de ese mismo año, en los que aparece su nombre y firma autógrafa. 

El TEEP también dio vista a la Contraloría Municipal de Hueytlalpan para el efecto de que inicie las investigaciones, procedimientos administrativos y sanciones  correspondientes a la que sea acreedor el responsable de lo que denominó una “posible falsificación”.

 

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