El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por manifestar abiertamente a los medios de comunicación la incompatibilidad que tiene con la munícipe, determinó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
La munícipe presentó la queja por los comentarios que el mandatario local emitió en cuatro conferencias de medios matutinas en marzo y junio del año anterior, donde aseguró que trabaja “muy bien con todos los presidentes, excepto con la de Puebla”, la acusó de realizar declaraciones sin sustento y reconoció que le causa “horror” entablar comunicación con Rivera.
Es la segunda ocasión que el TEEP emite un fallo del caso, ya que el 9 de diciembre pasado llegó a la misma conclusión, sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó esa sentencia, al juzgar que no atendió el tema con perspectiva de género, y le pidió emitir otra que subsanara ese error.
A propuesta de la magistrada Idamis Pastor Betancourt, el órgano jurisdiccional del estado en materia comicial declaró inexistentes las infracciones denunciadas en sesión pública este día.
No discriminó a Claudia Rivera por su calidad de mujer
El TEEP descartó que las expresiones encuadraran en actos de violencia política de género, porque no tuvieron como objetivo lesionar la dignidad o capacidad de la presidenta municipal de Puebla por su calidad de mujer, ni contienen expresión alguna de la que pudiera derivarse discriminación en contra del género femenino.
“El hecho de que determinadas expresiones resulten insidiosas, ofensivas o agresivas no necesariamente se traduce en violencia política”, estableció el tribunal local.
Asimismo, manifestó que no se advierte que los comentarios hayan tenido por objeto ni tampoco el impacto de obstaculizar o menoscabar el ejercicio del cargo de la presidente municipal.
Además, advirtió que las aseveraciones denunciadas “son provenientes de una visión personal y no institucional” que “no afectan de una manera distinta a la denunciada por ser mujer”.