Autoridades comunitarias de Ixtacamaxtitlán acudieron ayer a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y entregaron 40 cartas firmadas por los ediles de ese municipio, Zautla y Aquixtla, amén de presidentes auxiliares, jueces de paz, inspectores y comisarios ejidales de la región, exigiendo la cancelación de las concesiones mineras de Cerro Grande y Cerro Grande 2, además de la declaración de inconstitucionalidad de la ley minera por ser contraria al interés de los pueblos indígenas.
La visita al edificio del máximo tribunal del país se debió a la audiencia que tuvieron con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, previo a la sesión de hoy, en la que podría resolverse definitivamente el amparo tramitado por el ejido de Tecoltemi que mantiene detenido el Proyecto Ixtaca, impulsado por la Minera Gorrión –filial de la canadiense Almaden Minerals- y la Secretaría de Economía.
Alejandro Marreros, quien es parte de la delegación de Ixtacamaxtitlán que se encuentra en la capital del país, explicó que en representación de Almaden Minerals acudió la Cámara Minera de México, lo cual deja clara la importancia estratégica que este juicio de garantías tiene para la industria extractiva.
Los argumentos de los campesinos de la Sierra Norte de Puebla fueron expuestos por la abogada Itzel Silva Monroy, de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación que ha acompañado la lucha legal del ejido de Tecoltemi.
La abogada explicó ante la Ministra Piña Hernández que la Secretaría de Economía del gobierno de la República ha violentado los derechos del pueblo del ejido de Tecoltemi, como el uso preferente del territorio y el derecho a la consulta con conocimiento previo, libre e informado de los proyectos que quieren desarrollarse en esa comunidad.
Asimismo, ratificó los argumentos por los cuales la SCJN debe declarar la inconstitucionalidad de la ley minera, considerado el principal instrumento en el que se basa el despojo del territorio de los pueblos indígenas y campesinos del país, pues viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por México, en beneficio de los grandes capitales.
A través de su representante legal, los campesinos del ejido de Tecoltemi, los emisarios de comunidades de Ixtacamaxitilán y pueblos vecinos también presentaron la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos que supone la aprobación del Proyecto Ixtaca, el cual atentaría contra las garantías a un ambiente sano, agua y salud. Se trata de un estudio técnico-científico único en el país, que anticipa los agravios que sufrirán las comunidades por la actividad extractiva y que ya ha sido expuesto al gobierno mexicano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a los inversionistas de Almaden Minerals, amén de los gobiernos de Canadá, España y Reino Unido, según explicó Alejandro Marreros en entrevista vía telefónica con La Jornada de Oriente la noche de este lunes.
De esta manera, con la audiencia de ayer, el pueblo de Tecoltemi ha expuesto a cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –la presidente Ana María Ríos Farjat, el Ministro Ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Norma Lucía Peña Hernández-, los argumentos para defender su territorio ante embate de Almaden Minerals y la Cámara Minera de México, que están siendo respaldado en los hechos por la Secretaría de Economía.
Solo faltó exponer de manera personal las razones de la defensa al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero Alejandro Marreros dijo que, si no ocurre otra cosa hoy y el caso del ejido de Tecoltemi contra el Proyecto Ixtaca es abordado por el pleno de la Primera Sala, la sentencia debe ser favorable: “La SCJN tiene la oportunidad histórica de hacer justicia para los pueblos indígenas de México”, aseveró.