Lunes, agosto 8, 2022

A petición de Tecoltemi, SCJN dictaminará si Ley Minera viola los derechos de los pueblos indígenas

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El próximo 19 de enero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará, por primera vez, si la Ley Minera viola los derechos de los pueblos indígenas y de los ejidos, a petición de la comunidad nahua de Tecoltemi, que se ubica en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte del estado de Puebla.

A través de redes sociales, Fundar Centro de Análisis de Investigación inició una campaña informativa para exhibir el caso de esta comunidad de poblana, que sentará precedente del resto de los pueblos violentados en sus derechos al agua y el territorio.

En abril de 2015, la comunidad de Tecoltemi, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado sobre su territorio dos concesiones mineras (“Cerro Grande” y “Cerro Grande 2”) a la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta ni consentimiento.

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La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

El 11 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Al respecto, el Centro Fundar argumentó que el Artículo 6 de la Ley Minera determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra; mientras que en el Artículo 19 dispone que por tener una concesión minera se otorga el derecho de aprovechar las aguas para las actividades mineras, e incluso más allá.

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Además, argumentó que en el Artículo 15 fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual, es decir, la Ley Minera pone a las comunidades, su vida, tierras y territorios a disposición de las empresas hasta por un siglo de violaciones a derechos perpetuadas.

Ante lo expuesto, Fundar dijo que hoy la Suprema Corte tiene en sus manos una oportunidad histórica, para que “se declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera que da preferencia a la minería, que devasta el medio ambiente, el agua y la salud de las personas, por encima de cualquier otro uso del territorio”.

Arguyó que es fundamental que se garanticen la vida y los derechos de los pueblos.

Intento de soborno

Fundar a dado acompañamiento de cerca al pueblo de Tecoltemi desde el año 2015 que se interpuso el juicio hasta la fecha, documentando una serie de amenazas y violaciones de las garantías de los habitantes de la comunidad indígena.

Una de ellas ocurrió el martes 24 de marzo de 2020, el Centro de Estudios reveló que tres integrantes de la comunidad de Tecoltemi -entre los que se encontraba el presidente del Comisariado Ejidal-, acudieron a la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, bajo el entendido que tendrían una reunión relacionada con proyectos productivos necesarios para la comunidad, citados ahí por el señor Gilberto Gutiérrez Márquez, conocido de la comunidad, quien una semana atrás había visitado el lugar para ofrecer la gestión de dichos proyectos.

Sin embargo, tras su arribo a la ciudad, comentó que se les pidió ir a un restaurante, donde ya les esperaban los señores Daniel Santamaría y Rusbelt Vázquez, vicepresidente y Administrador respectivamente, de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, que pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde Tecoltemi se encuentra.

Fundar señaló que el personal de la empresa pidió expresamente a los integrantes de Tecoltemi “destrabar” el juicio de amparo que la comunidad tiene interpuesto desde 2015 en contra de las concesiones mineras sobre las cuales Almaden pretende implementar su proyecto, ofreciendo a cambio 20 empleos sólo para la localidad.

Ante la imposibilidad de convencerles, exhibió que los ejecutivos de la empresa subieron su ofrecimiento a 30 o 35 puestos durante los 14 años que dure la explotación. Además, aseguraron que la minera pondría el dinero necesario para que la comunidad pueda implementar el proyecto productivo propuesto por Gilberto Gutiérrez.

La Comunidad y Ejido de Tecoltemi, La Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida “Atcolhua”, así como las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, condenaron el actuar deleznable de Almaden Minerals, incluyendo la utilización de una persona conocida de la comunidad para intentar sobornar a las autoridades ejidales para generar división comunitaria en beneficio de la empresa.

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