El Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó la represión contra los labriegos de la Cuenca Libres-Oriental que protestaban contra Granjas Carroll y enlistó esa acción violenta junto con agresiones al pueblo otomí, defensores del territorio y la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero de Cholula, destacando que éstas se han perpetrado después de las elecciones, como si se tratara de actos coordinados contra luchas sociales.
En un comunicado dado a conocer este fin de semana en las redes sociales de la organización se menciona la “represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental” y se explica:
“El 20 de junio, policía de Veracruz reprimió con uso de armas de fuego al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, para desalojar el plantón que instaló este miércoles frente a Granjas Carroll. La exigencia de los campesinos es que se deje de acaparar y contaminar el agua lo cual ha traído graves afectaciones al campo.
“Los elementos de la policía dispararon contra los compañeros, provocando la muerte de dos de ellos. A otros los golpearon brutalmente y posteriormente cercaron al pueblo de Totalco persiguiendo a los habitantes con la finalidad de detenerlos y reprimirlos. Esta agresión por parte de la policía se dio después de haberse comunicado con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del gobierno federal, y con Rafael Mendoza, delegado federal en Veracruz con quienes se buscó un acuerdo para el diálogo, el cual no se llevó a cabo. Esta región también es afectada por las empresas Driscoll y Audi que bombardean las nubes para evitar la lluvia.
El CNI: también menciona en el documento: “Amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a compañeros” y recuerda que “tras el anuncio de la orden por parte de un juez federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de la recolocación de los sellos de clausura en el basurero de San Pedro Cholula por incumplimiento de las normas de funcionamiento, el secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, declaró que existe un litigio por parte de la empresa Profaj Hidro Limpieza para que se ejecute un desalojo del plantón contra el basurero usando la fuerza represiva del Estado.
“Esto aunado a las reiteradas declaraciones del mismo en torno a cuatro órdenes de aprehensión en contra de pobladores que luchan contra el basurero. Por otra parte, Juan Carlos Valerio, pseudoperiodista de Imagen TV, servil a los intereses del gobierno y el capital, promueve en televisión la represión a los pueblos cholultecas señalando que son solo un grupo reducido de personas y que el basurero no contamina. Denunciamos también los ataques cibernéticos dirigidos a los medios comunitarios de los pueblos cholultecas lo cual violenta su derecho a la libertad de expresión”.