El Juzgado Primero de Distrito concedió el amparo promovido por pobladores de Cuacuila en contra del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, a cargo de la empresa Gasomex, confirmó la noche de ayer a esta casa editorial la representante legal de los vecinos, Patricia Montaño.
A pesar de la victoria jurídica, la abogada consideró que “apenas se tiene ganado 80 por ciento del terreno legal”, pues ahora habrá que esperar que las autoridades obligadas a detener los trabajos: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el edil de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, y el alcalde subalterno de Cuacuila, Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, se dispongan a cumplir la orden.
El escepticismo de la letrada no es gratuito; se funda en el antecedente de la negativa de que las tres autoridades fueron omisas a acatar la sentencia del juicio de garantías emitida desde enero por el mismo juzgado para suspender provisionalmente los trabajos de edificación del conductor de combustible en Cuacuila.
Así, a pesar de la determinación de la justicia federal, durante cuatro meses las obras continuaron como si nada hubiera pasado, con la complacencia de la Semarnat, el ayuntamiento de Huauchinango y la presidencia auxiliar de Cuacuila.
Considerando lo sucedido, la abogada Patricia Montaño ha diseñado ya una estrategia para obligar a las autoridades a hacer efectiva la sentencia del Juzgado Primero de Distrito. En caso de que se nieguen nuevamente a cumplir con la Ley de Amparo, tramitará un incidente por excesos o defecto de la suspensión definitiva del gasoducto.
En la entrevista que vía telefónica le hizo La Jornada de Oriente, explicó que si la incidencia procede el juez ordenará que en un plazo máximo de 24 horas los aludidos en el amparo cumplan la suspensión o en su defecto se atengan a las consecuencias penales que implicaría su desacato.
A la estrategia legal se sumará la social, política y mediática que llevarán a cabo los pobladores de Cuacuila, indicó la abogada.
Por lo pronto, hoy al filo de las 10:15 horas los vecinos de Cuacuila ofrecerán una rueda de prensa en un café del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.
El abogado René Sánchez Galindo, consejero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró que “poco a poco se comprueba que los proyectos del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas pasan por encima de las instituciones. En el Morena estamos observando y documentando las acciones para actuar”.
Apenas el 23 de abril pasado indígenas de Cuacuila, apoyados por el diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano Gerardo Villanueva, ofrecieron una rueda de prensa en el Palacio de San Lázaro para exigir que se detuviera el gasoducto Tuxpan–Atotonilco.
Los afectados pidieron “que de ahora en adelante, ante cualquier proyecto similar o de algún otro tipo, se nos consulte antes de planear alguna obra en contra de nuestro patrimonio y, sobre todo, si implica algún riesgo o atentando contra la seguridad de los habitantes de nuestro pueblo”.
Lo anterior fue dado a conocer ayer por el portal e–consulta en un despacho de su corresponsal en el Distrito Federal, Alfredo Plascencia Sánchez.
La nota de marras consignó que los indígenas demandaron la “suspensión inmediata al proyecto del gasoducto Tuxpan–Atotonilco de Gas LP que continúa trabajando la empresa Gasomex en terrenos de la comunidad de Cuacuila, o en su defecto que sea desviado a más de cinco kilómetros de nuestra población, por su alta peligrosidad de muerte para los habitantes de Cuacuila y poblaciones vecinas”.
También pidieron que les sea entregado el expediente completo de la obra, con sus respectivos permisos de instancias federales, estatales y municipales. Y que se respeten sus derechos como pueblo indígena náhuatl.