Con 19 acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la LX Legislatura del Congreso de Puebla, que domina una mayoría liderada por Morena, se convirtió en la más cuestionada en torno a la legalidad de sus resoluciones.
De acuerdo con una revisión elaborada por La Jornada de Oriente, la SCJN ha resuelto 13 litigios y el saldo arrojado es negativo para los diputados en funciones: en nueve dio la razón a las instancias impugnantes y está próxima a emitir sentencia en un juicio interpuesto contra una reforma en materia de desaparición forzada que se convertirá en el décimo revés para el Poder Legislativo, por tratarse de un tema de competencia federal.
Además, solo en cuatro de las 13 sentencias, el máximo tribunal constitucional del país ratificó los decretos emitidos por el Poder Legislativo de Puebla.
Del total de 22 juicios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impulsó 14 en los que solicitó la invalidez de diversas disposiciones aprobadas por los legisladores locales, por transgredir normas que reconocen y protegen la dignidad de las personas.
Defrauda Morena a sus electores: Hernández León
En un reportaje que La Jornada de Oriente presentó el 3 de agosto pasado sobre los asuntos que tiene pendiente el Congreso ante la SCJN, el coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), Simón Alejandro Hernández León, señaló que el número de litigios evidencia la “calidad legislativa” de los diputados en funciones y, en el caso de Morena, una plataforma electoral “fraudulenta”.
Recordó que dos de las acciones de inconstitucionalidad, de las que son autores la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), se motivaron en la resistencia de la bancada mayoritaria a reconocer en el Código Civil los matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a ser un tema que defiende ese partido de izquierda a nivel nacional.
El Congreso aprobó los matrimonios igualitarios tres meses después de la publicación del reportaje y lo hizo en medio de una advertencia de la Corte de que habría sanciones para los legisladores locales del país que se negaran a garantizar ese derecho reconocido a nivel nacional desde 2015.
Con la corrección realizada al Código Civil, el Poder Legislativo de Puebla se libró de dos sentencias más de la SCJN en su contra.
La bancada mayoritaria se niega a reconocer errores: García Olmedo
El número de litigios ante la SCJN que se han acumulado en los dos años que lleva la presente Legislatura supera los interpuestos en el periodo pasado, que tuvo una duración de cuatro años y ocho meses y estuvo bajo el dominio de la bancada del PAN.
En ese contexto, la diputada del PRI Rocío García Olmedo, quien suma más de 10 años de labor parlamentaria a lo largo de su carrera política, consideró que la estadística confirma lo que ha señalado en tribuna sesión tras sesión: que Morena legisla violentando la ley por negarse a reconocer errores.
Como ejemplo de la conducción de Morena, García Olmedo recordó un incidente acontecido en sesión del Congreso del 14 de mayo pasado, en la que los representantes populares reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar las sesiones en línea, con el fin de realizarlas durante la epidemia de coronavirus (Covid–19).
La mayoría de Morena determinó que ese tipo de encuentros se aprobarán por la “mayoría simple” de los diputados, pero la priista alertó que ese concepto no existe en el marco normativo que regula sus actividades, el cual solo considera la “mayoría absoluta, mayoría calificada y mayoría relativa”.
Antes de la votación, García Olmedo pidió corregir la contradicción para evitar problemas de certeza jurídica, pero la bancada de Morena y sus fracciones aliadas de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) se negaron a hacer cambios sin ofrecer argumentos.
Tras la aprobación de la reforma, el vicecoordinador de la bancada del PRI, Javier Casique Zárate, reclamó en tribuna: “¡Qué manera de legislar! Estamos haciendo historia como la legislatura que más yerros ha cometido. Hacen las cosas de las que antes se quejaban, al actuar como una mayoría aplastante”.
CNDH contra cobros excesivos e ilegales
Una revisión de La Jornada de Oriente en el archivo digital de la SCJN mostró que la CNDH, que encabeza María del Rosario Piedra Ibarra, impugnó leyes de ingresos de múltiples municipios debido a que el Congreso les autorizó “cobros excesivos y desproporcionales” por la entrega de información pública en medios magnéticos.
El órgano defensor de los derechos humanos de México promovió siete acciones de inconstitucionalidad por esa razón, de las que derivaron los fallos en contra del Poder Legislativo, en los que se anularon las porciones normativas ilegales.
Asimismo, la Corte dio la razón a la CNDH en dos acciones de inconstitucionalidad que solicitaron invalidar el cobro de un derecho por el servicio de alumbrado público que el Congreso local autorizó a 75 municipios en la aprobación de las leyes de ingresos 2020 de esos ayuntamientos.
“Dicha contribución constituye un impuesto sobre energía eléctrica, cuyo gravamen únicamente corresponde establecer al Congreso de la Unión”, determinaron los ministros por unanimidad de votos en las sesiones del 29 de septiembre y 19 de noviembre de este año.
Intenta Congreso librarse de un revés más de la SCJN
El alto tribunal tiene listo el proyecto de resolución de otra acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en la que se impugnó una reforma al Código Penal publicada en el Periódico Oficial del Estado el 8 de noviembre de 2019.
La comisión nacional señaló que las disposiciones impugnadas establecen el tipo penal y las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, lo que implica una doble regulación de dichos delitos, ya que los mismos se encuentran normados en la ley general en la materia.
En consecuencia, la CNDH acusó a los legisladores poblanos de vulnerar el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, los cuales son reconocidos en la Constitución del país, al invadir la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
En un intento de librar un nuevo fallo en contra, el Congreso local enmendó el Código Penal de Puebla, al retirar la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, del listado de delitos en los que es improcedente la prescripción.
Sin embargo, no modificó el artículo 304 Bis, también impugnado por la CNDH, donde se describe el delito de desaparición forzada de personas y se fijan sanciones de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil unidades de medida y actualización.
En el debate de la corrección, que se dio en el interior de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada de Morena, reconoció de manera velada que el Poder Legislativo local cometió un error en la reforma de 2019, pues la SCJN ha determinado que el Congreso de la Unión es el único que puede tipificar y fijar sanciones sobre esos delitos.