En la comparecencia ante el pleno del Congreso del estado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, informó que Audi y Volkswagen de México, parte del mismo consorcio, recibieron en 2023 apoyos del gobierno del estado de Puebla por 123.5 millones de pesos. Esa cantidad equivale a cerca de 50 por ciento de lo destinado al ramo de economía, a través del cual se dispersaron recursos por 330 millones de pesos.
Justamente ayer nos preguntábamos por los subsidios que Audi seguía recibiendo a nivel estatal, teniendo como referencia el año 2021, donde el extinto gobernador Luis Miguel Barbosa se negó a seguir pagando las casetas de peaje para los casi 100 camiones de transporte que trasladaba a trabajadores y funcionarios de la empresa y cuyo costo entre peajes, renta, combustibles y choferes equivalían a 800 millones de pesos anuales para el erario estatal y que se pagaban desde 2016.
La base legal de mantener subsidios es la adición del “artículo 15 Quater” de la Ley de Fomento Económico de Puebla, que se realizó el 31 de diciembre de 2012 durante la gestión de Moreno Valle, que “establece un estímulo a favor de las empresas ya establecidas en el Estado, que se dediquen a la manufactura y ensamble de automóviles”. Seguramente la Ley se podrá modificar porque a todas luces es un abuso que las empresas trasnacionales, en este caso las automotrices, pero también las financieras sigan por años recibiendo subsidios a costa de los recursos del estado.
Aunque lo grueso de los apoyos que el gobierno estatal brindó a Audi para su instalación y entrada en operación signado en el contrato de desarrollo firmado en 2012, raya en el abuso producto de un gobierno y su poder sin contrapesos, que dispuso de los recursos del erario como si fueran propios, pero también del espacio territorial de San José Chiapa, donde la tierra y el agua, en principio, fueron gestionadas en detrimento de los campesinos y comunidades del lugar, que implicó para los ejidatarios el pago de 8 pesos por metro cuadrado que cedieron. Además, de otros beneficios como ambientales y fiscales que continúan, mientras se les regatea a los trabajadores un mayor aumento salarial.