De acuerdo con su biografía pública, el ex presidente Felipe Calderón inició los estudios de la carrera de abogado al mismo tiempo en que se hizo militante del Partido Acción Nacional (PAN), en 1980; egresado de la Escuela Libre de Derecho en 1987, registra también, en su currículum político, haber sido diputado federal, director de Banobras y secretario de Energía; y en el académico, la posesión de dos maestrías: una, en Administración Pública en la Universidad de Harvard, de 1999 a 2000; y, otra, en Economía en el ITAM, de 2002 a 2004. Tuvo el máximo cargo político al que puede aspirar un mexicano, al ocupar la presidencia de la república entre los años 2006 a 2012; sucediéndole en el cargo el priista Enrique Peña. ¿Cuál de todos estos estudios, desempeños partidistas, y cargos públicos, lo hacen ser un hombre de leyes? Sin duda, la forja de hombres y mujeres de leyes es una aspiración constitucional e institucional para quienes llegan a ocupar cargos públicos, derivada de la exigencia del Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Esta obligación constitucional es, en rigor, el juramento de lealtad que los funcionarios hacen a la Nación, de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, la Constitución y las leyes que de ella emanen. El ex presidente Calderón tiene en su haber una trayectoria pública que, en los hechos, puede mostrar si en su desempeño cumplió e hizo cumplir esas normas y, por consecuencia, si puede ser considerado, o no, el hombre de leyes que dice ser. ¿Por qué eligió decirse hombre de leyes y, no, hombre recto, íntegro, honrado u honesto? El desarrollo político de las sociedades, muestra claramente que sólo la posesión de estos principios morales puede ser considerada la única referencia real para conocer el escrúpulo con el que se manejan las leyes en ejercicio del poder público.
Esta expresión, en rigor un autoelogio, le sirvió de base para formular un cuestionamiento sobre el desenlace que tuvo, en Estados Unidos, el juicio criminal seguido contra quien fuera secretario de Seguridad Pública en su gobierno. Diecinueve días después de finalizado el juicio en que un jurado estadunidense declarara culpable de cinco delitos a Genaro García Luna, que lo pueden mantener en la cárcel por un mínimo de veinte años o con cadena perpetua, el ex presidente Calderón se ha animado a dar declaraciones públicas sobre el caso: <<Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuentas, depósitos y la verdad que nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros, o sea nuestro gobierno, perseguimos, capturamos y extraditamos>>. César de Castro, el defensor, ha dicho abiertamente: <<Así que este ha sido un proceso bastante solitario para esta familia. Ha habido muy pocos que han venido a estar a su lado>>. Hay, entonces, un problema de pertinencia. ¿Cuándo es oportuno y adecuado salir en defensa de un hombre acusado, extraditado y enjuiciado criminalmente por hechos que se le atribuyen cometidos, como funcionario de su gobierno? Después del veredicto y sólo en espera de la sentencia que lo condenará, definitivamente parece fuera de lugar.
El juicio de García Luna se encuentra, procesalmente, en espera de la sentencia. Es la primera instancia y, por tanto, aún es impugnable en apelación. Falta mucho camino litigioso por recorrer para saber, realmente, cuál será el destino que le espere a este personaje. Ciertamente muchos puntos están quedando sin esclarecer porque tocan la responsabilidad histórica conjunta de los gobiernos de México y Estados Unidos en el trasiego de las drogas. El llamado “sorpresivo giro en el juicio a García Luna” en el que los fiscales dieron por terminados los testimonios preparados contra el acusado, faltando 50 testigos por declarar, fue un evidente mecanismo para ocultar la <<exuberante narrativa de relaciones delictivas entre gobernantes, políticos, empresarios de medios, periodistas y jefes del crimen organizado>> (Julio Hernández, Astillero, 8/2/2023), por sus efectos políticos, pues, recabar más testimonios sobre la atribuida vida criminal del acusado, implica ventilar las complicidades de alto nivel entre las clases políticas de ambos países que han hecho posible, por años y años, el megamillonario negocio de las drogas. Para la sociedad mexicana queda pendiente por dilucidar si las acciones del ex secretario hicieron, del Estado mexicano, un narcoestado; y cuál sería la responsabilidad de quien fuera el jefe de estado.
El discurso que, en su presunta defensa, elaboró su ex jefe, se basa en una simple negación personal a entender los hechos que lo desmienten: <<Jamás negocié, ni pacté con criminales… he sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada>>; un discurso ajeno a la prueba y al argumento racional, con el que quisiera cuestionar un veredicto dado: <<Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto…>>, en el que la subjetividad es la reina de su opinión. Sin embargo, cuando esa negación al entendimiento se funda en poner en duda hasta el funcionamiento y eficacia del sistema judicial de Estados Unidos: <<desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho…hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuentas, depósitos y la verdad que nada de eso se exhibió>>; deja de ser una postura racional y sensata, para convertirse en un planteamiento absurdo. Si la acusación en el juicio fue la colusión con un cártel del narcotráfico, ¿qué pruebas serían las convincentes para don Felipe? ¿Videos de las reuniones con los narcos para pactar los sobornos? ¿Grabaciones de las conversaciones para establecer la estrategia de protección? ¿Fotografías del ex funcionario con los narcos en las secciones de política o sociales? ¿Estados de cuenta y depósitos que acrediten sus ingresos, en el banco de su preferencia, para que el fisco haga las deducciones correspondientes a impuestos? ¿Documentos certificados ante notario? No parecen buenos argumentos de abogado.
Para don Felipe nada tiene valor de prueba en el juicio: <<Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros, o sea nuestro gobierno, perseguimos, capturamos y extraditamos>>; cuando lo cierto es que nadie acusó a García Luna de brindar protección a gente honrada, trabajadora, y con modo honesto de vivir. Si como ha sostenido Calderón: <<La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona, era un equipo de seguridad integrado por marinos, policías, soldados, ministerios públicos…>>; significa que, en la soledad de la celda que ocupa, en la cárcel de Brooklyn, el convicto delincuente tendría material suficiente para convertirse en colaborador del gobierno estadunidense y quien tendría que preocuparse por ello sería, precisamente, Felipe Calderón, pues, todas esas corporaciones del equipo de seguridad que menciona, dependieron directamente del poder ejecutivo del que él era titular.
Si tanta desconfianza le merece el sistema judicial de Estados Unidos, el ex presidente debe, a los mexicanos, una explicación satisfactoria sobre las razones que le impulsaron a introducir, mediante la reforma a la Constitución de 18 de junio de 2008, el esquema de juicios orales que se practican en aquel país, en México, supervisados por la USAID, como parte de la denominada Iniciativa Mérida. Otras acciones de su gobierno, acreditan carencia de visión de Estado y desapego a las leyes. La “guerra contra el narco”; la sospechosa aceptación del operativo Rápido y furioso, que devino en abastecimiento de armas de alto calibre a la delincuencia organizada; la fallida construcción de la refinería de Tula, Hidalgo, que quedó en una barda; la compra del avión presidencial para el uso de su sucesor; la reforma laboral de 30 de noviembre de 2012 que privó de derechos a la clase trabajadora con la supresión de salarios vencidos por despido injusto y la inclusión del outsourcing; la construcción con sobreprecio de la inútil “Estela de luz”; entre otras de su administración que, por ello, fue rechazada por la ciudadanía en las urnas, al punto de preferir el retorno del nefasto régimen del PRI. No hay, pues, base alguna para que Calderón se autocalifique hombre de leyes, como no sea para ocultar un pasado oscuro. Para intentar justificarse socialmente, pretende desviar la atención sobre sus responsabilidades políticas: <<Lo que sí es cierto (sic ¿lo demás no?) es que hay una persecución en contra mía, abierta, franca, burda, por parte del gobierno, que como suele ocurrir, utiliza las instituciones de justicia para perseguir opositores. Y este es mi caso>>. ¡Qué raro! Hasta la fecha, no se sabe si por alguna mala jugada de sus ex correligionarios; o por la distancia que tomó al irse a radicar a España, el señor Calderón no sabe, o nadie le ha dicho, que en México no tiene denuncia penal alguna que pueda servir de base para creerle que es un opositor político perseguido por el gobierno. Ser abogado, ¿no le dará alguna idea al respecto?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de marzo de 2023.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO