En 2012 el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle firmó tres contratos para la conformación del mismo número de fideicomisos privados con la empresa Casa de Bolsa Evercore, que encabeza Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El primero de los contratos se hizo público en la edición del 2 de febrero de este año del diario Reforma informó que el manejo del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) quedaría en manos del que fuera secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Los otros dos fideicomisos, de los que no se tenían información hasta ahora, están destinados a administrar los recursos generados con la extinción del Instituto de Asistencia Pública del Estado (IAPEP) y el pago de la deuda que la administración de Mario Marín Torres pactó con los bancos Interacciones y BBVA Bancomer.
Los tres contratos financieros fueron realizados y firmados por el entonces secretario de Administración, Roberto Moya Clemente, quién actualmente ocupa la titularidad de la Oficina de la Gubernatura. Aunque las operaciones se mantuvieron en secreto hasta principios de este año cuando la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) fue obligada por un juzgado federal a hacer público el primero de los contratos.
Tras conocerse la decisión gubernamental de entregar a Evercore la administración del ISN –que tan sólo en 2015 significó un ingreso de 2 mil 147 millones de pesos y que para este año se espera recaudar 2 mil 329 millones de pesos– académicos y empresarios decidieron ampararse contra la medida, argumentando que se trata de un acción que violenta la carta magna.
El columnista y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ricardo Raphael en un artículo publicado en el diario El Universal, asegura además que la creación de ese primer fideicomiso privado con Evercore tiene como principal propósito “esconder la deuda pública”.
Por su parte, Maria Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, señaló también en un artículo publicado en El Universal, que ese primer fideicomiso “representa un abuso de autoridad, pero sobre todo es inconstitucional porque vulnera los principios de endeudamiento público”. En el artículo la activista anuncia que ella, junto con otros ciudadanos se sumaron al amparo que tramitó Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Tres fideicomisos tres
El 1 agosto de este año la SFA en respuesta a una solicitud de información dio a conocer que la administración estatal había contratado tres fideicomisos con Evercore, los tres bajo la modalidad de “irrevocable” para la “administración y fuente de pago” y con los folios F/0023, F/0140 y F/0144.
Los firma de contratos se efectuó entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Aunque a decir de un ex funcionario de la administración anterior la información sobre el ISN se le entregó a Evercore-Protego desde el arranque del sexenio de moreno Valle, es decir a principios del 2011.
El 5 de septiembre de este año la SFA entregó a esta casa editorial copia digitalizada de los contratos F/0023 y F/0144, que hasta entonces eran desconocidos para la opinión pública. Una actitud que contrasta con los sucedido en el caso del contrato del fideicomiso F/0140, documento que inicialmente le fue negado al abogado Rodrigo Diez Gargari, y que obligó al solicitante a pedir la intervención de los juzgados federales para poder acceder al documento aunque ello le implicó esperar casi dos años.
En el caso del contrato F/0023, la administración estatal contrató a la empresa de Aspe Armella para administrar el pago de la deuda estatal, las tres líneas de crédito que se abrieron en el sexenio pasado con los bancos BBVA Bancomer e Interacciones, además de la deuda que se arrastraba de administraciones previas.
No se trata de un fideicomiso de nueva creación, sino de una modificación a un fideicomiso ya existe que se tenía con el banco Santander y que se trasladó a Casa de Bolsa Evercore-Protego. Con el movimiento pasaron a manos de la empresa que encabeza Aspe Armella 81.7 millones de pesos de patrimonio líquido para su administración más los intereses generados por el manejo de ese recurso, más el porcentaje de participaciones federales necesarios para seguir cumpliendo con el pago de la deuda contraída.
El contrato le permite a Evercore-Protego realizar inversiones con los saldos y los recursos del fideicomiso.
El IAPEP pasa a Evercore
En diciembre del 2012 el gobierno de Rafael Moreno Valle envió un paquete de iniciativas para la creación de lo que llamó “un nuevo modelo de asistencia social”, dejando al DIF estatal como organismo rector y eliminando al Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP).
En un boletín informativo que circuló la Secretaría General de Gobierno, encabezada en aquel momento por Fernando Manzanilla se aseguraba “los recursos financieros que formen parte del patrimonio del IAPEP y aquellos que tenga derecho a percibir el mismo, se transferirán al Gobierno del Estado para que los destine a apoyar acciones, programas y proyectos de asistencia social en la Entidad, a través de un Fondo o del mecanismo financiero que la misma tenga instituido para tales efectos”.
El mecanismo financiero elegido fue un fideicomiso que se constituyó con Evercore-Protego. En ese fideicomiso se integraron todos los recursos financieros con los que operara el IAPEP, “y aquellos que tengan derecho a recibir el mismo, así como el producto que se obtengan de la administración de los inmuebles destinados a la asistencia social”.
Es decir, al fideicomiso se integró también los recursos que se obtuvieron la venta de las 18 sucursales del Monte de Piedad Puebla a la empresa Efectivo Inmediato SA de CV, mejor conocida como Prendamex que encabeza Santos Zanella Bretón.
Así, aunque el DIF es el organismo rector de la asistencia social, la administración pasa por las manos de la empresa de Aspe