Somos los de abajo y venimos por los de arriba

En este siglo XXI la lucha de clases es global, como lo es el intento del capitalismo mundial de subordinar bajo sus relaciones de explotación y dominación todas las formas de producción pero también de vida de los pueblos.

Ante la guerra mundial contra los pueblos (llámenla:”tercera”, “cuarta” o guerra de amplio espectro), en cada comunidad, barrio, escuela, centro de trabajo o de convivencia se rompe, se agrieta o se desordena hasta la crisis, la vida pacificada, la falsa “estabilidad” o “gobernanza” de los estados nacionales y los organismos imperialistas (FMI; BM; OCDE, ONU, etc).

En este año los pueblos de Haití, Honduras, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y Brasil (como en otras partes del mundo: Kurdistán, Yemen, Palestina y Líbano) han brindado episodios o largas y heroicos movimientos tanto espontáneos como organizados, protagonizados por jóvenes, mujeres y pueblos originarios contra los efectos, pero también contra las raíces de su descontento: el sistema patriarcal, capitalista, racista, neocolonial y depredador  de la vida.


Aunque hay diferencias en las historias nacionales de la lucha, en todas se observa cómo el neoliberalismo es la forma del dominio salvaje del capital financiero, expresado en estrategias de ajuste a la economía y restricciones a las políticas sociales, así como en la militarización y paramilitarización en esos países.

Y es que las ganancias extraordinarias que exige el capital financiero y sus monopolios internacionales avisoran una nueva crisis y quieren aprovecharse y doblegar a los pueblos para que paguen más por las deudas, se endeuden ante la caída de los precios internacionales de las mercancías extractivistas y los cierres de fronteras a sus migrantes que reducirán las remesas. Para ello el capital está ávido de saquear los salarios  y los recursos en todos los territorios. En su afán por ganar y ganar, invierte en infraestructura gigante y transnacional como canales interoceánicos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y autopistas que destruyen la Madre Tierra y desplazan a sus pobladores. Lo hace con todo tipo de violencias contra las comunidades y pueblos rurales y urbanos que las poseen o que sobreviven en ellos, principalmente a pueblos originarios que no creen que el buen vivir comunitario se logre sometidos al capitalismo. Además roba las pensiones, cobra por la salud, la educación y los servicios vitales.

Por eso, cuando los salarios son miserables y el hambre crece entre la mayoría, los hambrientos y desempleados, pero también las “amas de casa” y cada joven que quiere escuela o que está endeudado por pagarla, salen y protestan, asaltan tiendas y vehículos, marchan por calles y plazas, cierran los caminos y toman las oficinas nacionales e internacionales de gobiernos, bancos y empresas. Muchos actúan en directo pero sin previsión, y los Estados les asesinan, balean y repliegan, momentáneamente pues la rabia popular es mayor que el miedo: tienen voluntad de luchar y pintan como en Chile: ¡Somos los de abajo y venimos por los de arriba!*

También participan en esas acciones aunque en número menor, quienes aprenden a desbordar la represión, utilizan todos los medios de propaganda, de aglutinamiento, de defensa propia y organizada, de fiesta y creatividad, de despliegue de solidaridad por el mundo y de creciente coordinación. Su dirección es diferente a la de los partidos del sistema: viene de abajo, es rotativa, son reconocidos por sus comunidades, barrios, escuelas y colectivos, integran asambleas que crecen como órganos embrionarios de decisión y poder popular. Incluso algunos como sucedió en Ecuador y en las comunas urbanas y Mapuches en Chile, son autogobierno local.

Pero aún es mayoría la capa de asalariados urbanos y mestizas, que transitan del susto y el escándalo a la indignación y al respeto a las fuerzas indomables de mujeres, jóvenes y pueblos originarios que guían las luchas.

El poder de los de arriba sabe que en esos sectores intermedios no se ha acabado el miedo, ni el fetichismo por los partidos o el gobierno, incluso que ven a los militares y policías como posibles aliados contra el neoliberalismo, o al menos contra la austeridad, el encarecimiento, la represión y la mentira. En estas capas hay grupos derechizados, con fuerte influencia de sus patronos, de las iglesias, de los partidos y del fascismo que piden detener por la fuerza las revueltas, desconocer a los movimientos en la calle, piden la falsa calma que les deje el espacio individualista en el que consumen y se consumen.

La lucha de clases es global y diversa. Es en cada situación concreta donde se miden fuerzas y la memoria de experiencias (riquísima y muy cercana entre los jóvenes, las mujeres y los pueblos originarios en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Honduras), permite que con audacia y perseverancia se supere la debilidad de recursos para que se defiendan de tanques, armas, medios de desinformación y fuerzas de control de multitudes y hasta de paramilitares organizados por los gobiernos.

Será la fuerza organizada con esa memoria, sabedora de sus alcances y sus límites, con la que se prefigure un poder del pueblo que sin dejar de lado sus demandas inmediatas (anti neoliberales) sea completamente distinto al de sus enemigos y contraria al sistema.

México: El despliegue de la militarización

En octubre se ha evidenciado que el actual gobierno se ha comprometido a la pacificación del país por medio de la militarización generalizada.

Esto se expuso en el encuentro del pasado 3 de octubre de alto nivel político militar de autoridades mexicanas con representantes de Estados Unidos del mismo tipo. La Jornada publicó la grabación del encuentro, ahí el general Mendoza Ruiz señaló a los representantes estadunidenses: “Estamos ahorita en un proceso de desgaste muy fuerte; sin embargo, el soldado mexicano se desdobla, se esfuerza en satisfacer todos los requerimientos que ha hecho el Poder Ejecutivo”.

El mando castrense hizo un recuento del número de efectivos y la operatividad de la Sedena, funciona con dos fuerzas armadas, el Ejército y la Fuerza Aérea, explicando que se tiene una fuerza desplegada diariamente de 86 mil hombres, y que el traspaso de 40 mil elementos de la Policía Militar para la creación de la Guardia Nacional ha impactado las operaciones de esta institución.

El Ejército transfirió 40 mil elementos para la Guardia Nacional, contaba con un total de 226 mil efectivos; el estado de fuerza se redujo a casi 180 mil elementos.

Otra tarea es el combate al huachicoleo, “por lo que las labores de vigilancia en ductos nos consumen hoy en día 6 mil efectivos permanentes, día y noche están vigilando los 11 ramales principales de ductos para seguir disminuyendo el robo de combustible”, comentó.

Al plan migratorio se han desplegado entre 10 mil y 15 mil efectivos a lo largo del territorio nacional. “Además de las acciones que se realizan en contra del cultivo de amapola que abarca zonas en el llamado Triángulo Dorado y en el estado de Guerrero”.

Para operaciones de intercepción, “tenemos dispersos en todo el territorio casi 8 mil efectivos en puestos de revisión en puntos estratégicos para tratar de contener, hoy en día no nada más el flujo de drogas, sino también el flujo de migrantes, además del personal asignado a la seguridad de instalaciones estratégicas”.

El general Mendoza dijo que se tienen 86 mil efectivos que operan diariamente y que tras la disminución de los 40 mil miembros destinados a la Guardia Nacional, la Sedena tiene “un efectivo que nos permite apenas mantener por un mes un despliegue y relevar al siguiente mes. Estamos ahorita en un proceso de desgaste muy fuerte; sin embargo, el soldado mexicano se desdobla, se esfuerza en satisfacer todos los requerimientos que ha hecho el Poder Ejecutivo.”

Estas declaraciones coincidieron con hechos que pusieron en duda la capacidad operativa de esa militarización: los migrantes en el sur, principalmente los africanos y caribeños, pusieron en alerta a esas fuerzas al reorganizar su caravana hacia el norte, denunciando el papel  de contención del gobierno mexicano. La guardia nacional y el ejército los detuvieron sumando fuerzas en la frontera sur. Al mismo tiempo, se presentó en muchos lugares los avances de los megaproyectos: “sembrando vida” en los cuales los viveros de árboles están bajo la conducción y trabajos de soldados; asimismo la vigilancia y el inicio de construcciones en la refinería de Dos Bocas, Tabasco y en el aeropuerto de Santa Lucía. Esto permitió ver que los militares también son protagonistas de esas construcciones y programas, no solo como vigilantes sino como fuerza de trabajo de diversas calificaciones, aunque la población de los pueblos contiguos ha expresado su rechazo.

En el plano del llamado combate al narco, el intento de detener para su posible extradición a Estados Unidos a los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, rebasó cualquier medida: los del cartel de Sinaloa movilizaron a sus ejércitos coordinados en la región de Sinaloa y Sonora con tal eficacia que obligaron al gobierno a negociar la libertad de Ovidio Guzmán a través de la Sedena, pues en nada cuenta el secretario civil de seguridad, Alfonso Durazo. La Sedena tuvo que reconocer que hubo errores de planeación y ejecución en su operativo y siguieron el discurso del presidente López Obrador, que prefiere “evitar una posible masacre con daños colaterales” al aceptar  liberar a Ovidio.

También se conoció que el gobierno de Estados Unidos, mantiene su intervención con la DEA en las operaciones que “combaten a los cárteles de la droga”.

En ese contexto, varios expertos en seguridad nacional dieron a conocer: “que las fuerzas armadas no tienen el número suficiente de para cumplir tan diversas funciones” (el despliegue creciente de la militarización del país).

Además plantean la necesidad de mayores recursos financieros para el armamento, transporte y operación de los militares. Esto en tiempos de austeridad con recortes al presupuesto social y económico, demostraría otra contradicción del que se supone un gobierno progresista.

Oliva Posada, politólogo con simpatías por el ejército mexicano, declaró: “nuestro país tiene grupos castrenses muy reducidos y mal financiados: México es el segundo país que peor trata a sus fuerzas armadas, en términos del producto interno bruto, con 0.5 por ciento del PIB, y Guatemala es el único que nos supera con 0.4. Colombia destina 3.7, es decir, más de seis veces.”

Pero la piedra de toque de esta campaña que oscila entre críticas y aplausos al gobierno actual, quien cuida la imagen del ejército y publicita su lealtad como “pueblo uniformado”, ha sido el discurso del General Gaitán Ochoa en el desayuno de altos mandos militares del pasado martes 22 de octubre. Ahí, ante el general secretario de la defensa nacional, tal cuadro con experiencia en contrainsurgencia y contra el terrorismo, dijo que en México la sociedad está polarizada políticamente “porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento”, y afirmó que “los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos”.

Y advirtió que “¿quién aquí duda de que se está realizando, desde el Ejército y la Fuerza Aérea, el mejor esfuerzo? ¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido?”

En resumen, las contradicciones aquí enumeradas son: el ejército y la hasta aquí no nombrada Marina Armada de México y su hijastra la Guardia Nacional militarizada pasan por un período en el que con el apoyo y guía el gobiernos estadunidense, quieren aumentar su número, sus recursos y sus derechos, incluso poniendo a crítica las decisiones y reclamos que lastimen sus intereses como cuerpo profesional dedicado al monopolio legal de la violencia. La amenaza ya es visible.

Pero su despliegue en múltiples tareas, ya no puede ocultar que su principal tarea sigue dedicada a la inteligencia y a las operaciones de amplio espectro que realizan contra el pueblo que defiende su territorio, sus derechos y la vida.

Líderes Sociales Asesinados y la Procuración de Justicia Sigue Ausente*

El 21 de octubre de 2019 fue encontrado asesinado el compañero Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien estuvo desaparecido desde el 13 de octubre de este año. Con él son ya 5 compañeras y compañeros asesinados en Chihuahua bajo la administración del Gobernador Javier Corral, además de sumarse a la cada vez más larga lista de defensoras/es asesinados durante el gobierno de la 4T.

Las amplias jornadas nacionales e internacionales que se organizaron con ocasión del asesinato de Samir Flores en Amilcingo, Morelos luego de ser señalado por el régimen como uno de los “conservadores, radicales” que en realidad son [email protected] del territorio, mostró que en todos los casos prevalece la impunidad, la falta de justicia, el desconocimiento de los hechos, la incapacidad de continuar las investigaciones, y hasta de voluntad de reacción ante denuncias oportunas.

“La rabia crece”, dice en su comunicado sobre los asesinatos en Chihuahua la RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA* y agrega: “porque la tan añorada esperanza ni siquiera se ve cerca, menos aún vemos se perciban cambios significativos, sea por parte de gobiernos municipales, estatales o federales quienes, en su inoperancia e insensatez, se culpan unos a otros, para hacernos creer que con ello realmente se pueden resbalar, sin problema alguno, la responsabilidad de quienes actualmente nos gobiernan, los mismos gobernantes quienes en su momento decidieron cargar los desagravios del pasado y a cambio ofrecieron en campaña cambiar este país. Nada de ello ocurre.”

Las disculpas a viejos agravios: violaciones, torturas, masacres, desapariciones son apenas la cuarta simulación o quizás la centésima que nada dice de desplazados, desaparecidos y asesinados por grupos del paramilitarismo apegado al Estado. “Casualmente” siempre se trata de opositores a los megaproyectos de las empresas beneficiadas por el Estado y por el gobierno en turno.

Los pueblos originarios, las organizaciones campesinas, las colectivas de mujeres, los periodistas, la juventud en lucha, muchas maestras y maestros y varios estudiantes son luchadores sociales que reciben la represión contante en las zonas rurales y el golpeo selectivo en las ciudades

En la Chihuahua mal gobernada por el panista Corral, al asesinato del compañero Cruz Soto, se suman los de Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara, así como también Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido.

Mientras en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y estado de México a los asesinatos se suma la desaparición reciente de Arnulfocerón y tres de sus compaeros en Tlapa y el desplazamiento de comunidades y familias que han resistido a la militarización, a los cacicazgos partidistas, al narco y al despojo que hacen las empresas mineras, eólicas, hidroeléctricas, agropecuarias y de infraestructura.

Entre las condiciones de la represión urbana se registran las sucesivas amenazas de muerte a luchadores sociales como Simitrio y sus familiares de la UPVA, 28 de octubre en Puebla, así como opositores de la construcción gasoductos o de los aeropuertos en las regiones de Texcoco y Santa Lucía, y a muchos maestros democráticos y estudiantes normalistas y de universidades.

La fuerza del Estado presume que siempre actúa con la le, pero la ley de la “pacificación” es la ley de Herodes diría la gente sencilla que se sabe espiada, amenazada y perseguida. Por ello se organiza para cuidarse en común y desconfía de los discursos de justicia y paz que encubren  la impunidad.

*Ampliación al comunicado de denuncia de REMA del 22 de octubre de 2019.

www.elzenzontle.org

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