Viernes, septiembre 20, 2024

Marín enfrentará su proceso desde su casa en Puebla, con brazalete para no escapar

En las próximas horas, el exgobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, saldrá del Penal del Altiplano con rumbo a su domicilio en la entidad poblana, donde permanecerá cautivo y con un brazalete georeferenciador para evitar que escape mientras enfrenta el proceso al que está sometido desde 2021 por tortura y protección a redes de trata infantil.  

Luego de que la juez Segunda de Quintana Roo,  Angélica del Carmen Ortuño Suárez, determinó el pasado sábado cambiar al llamado “góber precioso” la prisión preventiva oficiosa por arraigo domiciliario, Artículo 19 anunció que impugnará ese cambio de medidas cautelares. 

La jueza determinó imponer al exmandatario una garantía económica  de 100 mil pesos, la prohibición de salir del país y de acercarse a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, someterlo a vigilancia y resguardo domiciliario, así como a la portación de un brazalete electrónico. 

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, el también involucrado en la conjura contra la informadora Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la desaparecida Policía Judicial en Puebla, salió de prisión derivado de una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo. 

La liberación de los procesados no es una absolución, pues ambos continúan bajo proceso y queda pendiente el dictado de sentencias que resuelvan el fondo del proceso penal por el delito de tortura que se les imputa. 

En un comunicado, Artículo 19 señaló que aunque reconoce que la prisión preventiva oficiosa, como política punitiva de Estado en cientos de casos puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, existen situaciones particulares como la presente, donde, se amerita esta medida. En el caso actual se han presentado por la defensa de Lydia Cacho una serie de pruebas que acreditan no solo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura”.   

La organización señaló que “como representantes y acompañantes de Lydia Cacho Ribeiro, estarán impugnando ambos procesos y nuevamente exhortamos a que estos casos se resuelvan tomando en cuenta las particularidades y riesgos existentes en este asunto particular. Lydia Cacho sigue forzada a vivir fuera del país, sin las garantías de seguridad para ejercer su labor periodística en México”.  

Esperábamos sentencia: Cacho 

De hecho, fue Cacho Ribeiro quien el pasado sábado dio a conocer la liberación del Mario Marín. 

La autora del libro Los Demonios del Edén, el Poder que Protege la Pornografía Infanti publicó, en la red social X que la juzgadora sólo impuso una multa de 100 mil pesos al también llamado “góber precioso”, quien en 2005 la mandó a encarcelar por una conjura entre Marín y el empresario textilero Kamel Nacif Borge, mismo que se encuentra refugiado en Líbano, a donde huyo luego de los demás participantes del agravio fueron detenidos en México.  

Marín Torres fue detenido en febrero de 2021 en la casa que una de sus hermanas tiene en Acapulco y que el exmandatario priista usó para esconderse durante varios meses. Luego, fue internado en la cárcel de Cancún Quintana Roo y posteriormente llevado al penal del Altiplano, el cual abandonará en las próximas horas para enfrentar los cargos que se le imputan en libertad. 

Cacho Ribeiro informó que sus abogados están exigiendo que a Marín se le imponga un brazalete electrónico, para disuadirlo de fugarse. 

La también defensora de derechos humanos externó que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, consideró que el “góber precioso” “no es peligroso” (sic). 

“Lo liberan justo en la recta final en la que esperábamos la sentencia  firme por tortura. Así el poder del exgobernador de Puebla dentro del Poder Judicial”, sentenció la comunicadora. 

La noche del pasado 6 de agosto, otro involucrado en la tortura a Lydia Cacho Ribeiro, Hugo Adolfo Karam Beltrán, obtuvo un amparo para también poder gozar de libertad en la casa penal que se le sigue por tortura. 

El 14 de febrero de 2006 La Jornada publicó una serie de grabaciones telefónicas que exhibieron conversaciones entre Marín y Nacif, para escarmentar a Cacho, luego de que ella señalara a Jean Succar Kuri, amigo del segundo, como  cabeza de una sofisticada red internacional de pederastia y pornografía infantil de la cual también participaban encumbrados políticos mexicanos.  

En los diálogos se probaba como el entonces titular del Poder Ejecutivo poblano y el llamado “Rey de la Mezclilla” habían planeado el encierro de la periodista y su posterior tortura a manos de presas del reclusorio de San Miguel en Puebla, a quien les iban a encargar que la violaran. 

La detención de Lydia Cacho se ejecutó el 16 de diciembre de 2005. Agentes de la entonces Policía Judicial del Estado de Puebla (hoy Policía Ministerial) fueron hasta Cancún a aprehenderla sin contar con un permiso para actuar en Quintana Roo y durante el trayecto de regreso a Puebla, le insinuaron que podían asesinarla.  

El encarcelamiento de la periodista generó de inmediato reacciones de indignación y reprobación más allá de México y por eso se determinó su libertad al día siguiente. Dos entrevistas con los periodistas Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola en Televisa, terminaron de sepultar a Marín, quien no pudo tener jamás apariciones públicas fuera de Puebla, porque en los días subsecuentes comensales en restaurantes en la Ciudad de México y transeúntes que lo encontraban, le externaron su repudio. 

Por su parte, Cacho demandó a Marín y su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo exoneró y ni siquiera quiso emitir un exhorto a todas las autoridades mexicanas a condenar la explotación sexual infantil. 

La informadora no desistió y llevó su causa hasta el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la cual ordenó al Estado Mexicano reponer el juicio contra “el góber precioso” y los demás implicados y, además, pedirle una disculpa a Lydia Cacho Ribeiro, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2019. Paradójicamente la encargada de disculparse fue Olgas Sánchez Cordero, a la sazón, secretaria de Gobernación federal y quien como ministra de la SCJN no quiso condenar a Marín.  

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