Por cada cinco presuntos delincuentes que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en los últimos tres años, solo dos enfrentaron un proceso penal, según lo reflejan datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En una respuesta a una solicitud de información pública que realizó La Jornada de Oriente, el organismo indicó que entre 2018 y 2020, 4 mil 264 personas fueron presentadas por la SSP a la FGE, por su supuesta participación en un delito, pero solo 1 mil 747 que representan 41 por ciento, fue vinculado proceso.
En su reporte, el organismo también dio cuenta de una reducción de 31 por ciento en el número de probables delincuentes presentados por la SSP entre 2019 y 2020, pues estos pasaron de 1 mil 860 a 1 mil 292.
La vinculación a proceso ocurre cuando el juez a cargo de un caso encuentra pruebas suficientes para iniciar un juicio a una persona señalada de incurrir en algún ilícito.
La FGE puntualizó que la dependencia estatal puso a disposición de sus agentes a 1 mil 112 posibles delincuentes en 2018, de los que 595 –la mitad–, fue vinculado a proceso.
En 2019, los presuntos delincuentes presentados a la FGE sumaron 1 mil 860, de los que 529 que representan 28 por ciento, y una proporción de tres de cada 10 casos, enfrentaron un juicio penal.
Debe puntualizarse que ese año corresponde a dos administraciones estatales: la del ex gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido que inició el 21 de enero y concluyó el 31 de julio, así como la del actual mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta, que comenzó el 1 de agosto de ese año.
De las 1 mil 860 personas aprehendidas, 1 mil 180 que es 63 por ciento, corresponde al gobierno de Pacheco Pulido, y 680 que representa 37 por ciento restante, obedece a la gestión de Barbosa Huerta.
En 2020, los aprehendidos llegaron a 1 mil 292, de los que 623 que equivalen a 48 por ciento del total, fueron vinculados a un juicio penal.
La Fiscalía también dio cuenta del mes de enero de 2021, mes en el que fueron presentados 50 probables delincuentes, pero solo cinco enfrentan un proceso penal.
Hay que recordar que en marzo de 2020 inició en Puebla la emergencia sanitaria por el Covid-19, que obligó a un confinamiento social que se prolongó hasta febrero pasado, por lo que comercios e industrias que no son esenciales para la vida, hicieron varias interrupciones en sus actividades a lo largo de ese periodo.