A pesar de la promesa de aplicar una mejor administración del presupuesto, y de transformar la vida de los poblanos, el año pasado el gobernador Rafael Moreno Valle utilizó 59 mil 994 millones de pesos –equivalentes a 92.6 por ciento del presupuesto–, en mantener al aparato burocrático estatal.
En cambio utilizó sólo 4.8 por ciento del presupuesto –3 mil 134 millones de pesos–, en inversión de obra pública, infraestructura y acciones de fomento social.
Así lo establece un análisis de fondo que realizó el investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Alejandro Chávez Palma, con base en la información de la cuenta pública 2011–2012 del Ejecutivo estatal, así como en el Informe sobre las Finanzas Públicas del estado de Puebla al cuarto trimestre de 2012.
De acuerdo con esa información, sólo el pago de los servicios personales del mandatario y la nómina estatal se incrementó 16.3 por ciento entre el primer y segundo año de gobierno del panista.
En cambio, aun con las “megaobras” que inició su gobierno, la inversión pública en obras e infraestructura se redujo en 15.7 por ciento entre 2011 y 2012.
La administración estatal tampoco ha brindado resultados en cuanto al incremento de recursos por la vía de los ingresos extraordinarios estatales, la venta de bienes inmuebles, así como los ingreso financieros, pues éstos se redujeron 16.5 por ciento en 2012, y 52 por ciento en el primer año del actual sexenio.
Sin embargo, la administración de Moreno Valle Rosas sí ha incrementado los ingresos tributarios –los impuestos– 76 por ciento en 2011, y 28 por ciento el año pasado cuando sumaron 2 mil 736 millones de pesos.
En su trabajo de investigación, Chávez Palma subrayó que el mandatario estatal presumió en su segundo informe de gobierno que no ha solicitado un solo peso prestado; pero los propios datos de la administración revelan que la construcción del Centro Integral de Servicios, la línea del Metrobús y otras obras se están aplicando como gasto corriente ya que se contrataron por la vía de las asociaciones público privadas, que significan deuda a largo plazo.
Además, subraya la enorme dependencia que tiene el estado de los recursos federales, ya que por ingresos propios sólo fue aportado 6.6 por ciento de los 65 mil 262 millones de pesos que integraron el total del presupuesto estatal del año pasado. Es decir, nueve de cada 10 pesos que gasta el estado provienen de la Federación.
“Esto limita las posibilidades en términos de políticas públicas viables y de trascendencia, pues a nivel nacional Puebla está a media tabla en la recaudación de ingresos propios”, subrayó el investigador.
Además, para enfrentar el gran total de la deuda pública avalada y sin aval –de 9 mil 115 millones de pesos que incluye la contratada por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, así como diversos créditos puente–, en 2012 se destinaron 2 mil 104 millones de pesos.
Otros egresos de 2012 se relacionaron con fideicomisos y fondos, como seguridad pública, alianza para el campo, desastres naturales y otros de gran sensibilidad social, apenas alcanzaron recursos por mil 296 millones de pesos.
En cambio, hasta 23 mil 660 millones de pesos se fueron en el pago de nóminas, apertura de plazas y servicios personales; otros 2 mil 720 millones de pesos fueron empleados para la operación de dependencias y 29 mil 659 millones de pesos más fueron para la operación de organismos y fondos de fortalecimiento y fomento, que subsidia y transfiere la Federación, inversión en salud pública y la universidad estatal.
De acuerdo con Chávez Palma, Moreno Valle cerró 2012 con un remanente de 479 millones de pesos, es decir un superávit en comparación con el sobrante de 2011, “pero este no sirve de mucho cuando lo que encontramos son recortes presupuestales al gasto producto de la inversión pública en obras e infraestructura como no se apreciaba desde 2007”, subrayó.
Lamentó que los diputados no se hayan detenido a analizar estos datos antes de aprobar la cuenta pública 2012 del gobernador, ya que Moreno Valle en su segundo año de gobierno presentó marcadas disparidades, desproporciones e inequidades.
“Un sostenido incremento en el monto de los préstamos solicitados por los individuos se da por la razón de paliar la pérdida del poder adquisitivo; la falta de empleo es constatable y empíricamente evidente. Las tendencias del índice de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación en 2012 reflejan que en Puebla repuntó y un sector de la población recurre a las tarjetas de crédito como instrumento microeconómico, que el Ejecutivo pone como frívolo ejemplo que asimila con los préstamos solicitados por el gobierno a nivel macroeconómico”, remató Chávez Palma.