Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del Inegi, al cierre de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla heredó para el presente año un rezago de 36 mil 359 carpetas de investigación pendientes de concluir, de las 80 mil 5 que inició durante el año.
De ese total, solo 3 mil 400 avanzaron a la etapa de investigación complementaria, es decir, apenas el 4.3 por ciento derivó en una vinculación a proceso judicial. En contraste, el 45.4 por ciento de las carpetas permaneció pendiente de resolución, mientras que el resto fue cerrado por el Ministerio Público durante la investigación inicial, ya sea mediante archivo temporal, no ejercicio de la acción penal u otra determinación.
A nivel nacional, las fiscalías estatales reportaron 2.39 millones de carpetas pendientes, lo que representa un incremento del 14.7 por ciento respecto a 2023.
En ese contexto, la media nacional de carpetas que llegaron a judicializarse, es decir, que pasaron a investigación complementaria, fue de 16.3 por ciento, lo que deja a Puebla muy por debajo de la media, aunque sin alcanzar los niveles de rezago de Jalisco, que acumuló 504 mil 108 carpetas pendientes, o del Estado de México, con 229 mil 77.
A nivel nacional de los procedimientos concluidos en 2024, 37.9 por ciento se archivaron temporalmente, 30.1 por ciento terminaron en no ejercicio de la acción penal y solo 16.3 por ciento derivaron en ejercicio de la acción penal.
En la práctica, esto significa que menos de dos de cada diez carpetas en el país llegan ante un juez, mientras que el resto se mantiene en fase de investigación inicial o se cierra sin resolver el delito.
Los tres delitos más recurrentes en las investigaciones iniciadas por la FGE fueron: robo, con 24.9 por ciento (19 mil 921 carpetas); violencia familiar, con 12.7 por ciento (10 mil 160 carpetas); y lesiones, con 11.6 por ciento (9 mil 280 carpetas).
Respecto a los homicidios dolosos, la FGE registró durante todo 2024 993 víctimas, de las cuales 100 correspondieron a mujeres y 893 a hombres. Además, se reportaron 62 víctimas de tentativa de homicidio. En promedio, se registraron 2.89 tentativas de homicidio al día y 2.72 homicidios consumados diariamente.
En cuanto a los feminicidios, la dependencia reportó 62 víctimas, 43 consumadas y 19 en grado de tentativa. Esto equivale a una víctima por semana, de las cuales 69 por ciento fueron asesinadas.
Deficiencia en la infraestructura y personal forense
El Censo Nacional de Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense 2025, también del Inegi, exhibe la precariedad de la estructura forense poblana.
La entidad solo cuenta con dos unidades dedicadas a la función pericial y médico forense, una cifra muy baja frente a Veracruz (25) o Jalisco (45), que concentran una red mucho más amplia de instalaciones.
En 2024 la FGE reportó 227 personas adscritas a estas áreas: 184 en servicios periciales (balística, criminalística, grafoscopía, genética, entre otros) y 43 en el Servicio Médico Forense.
Si se considera que la Fiscalía cerró ese año con 80 mil 5 carpetas de investigación abiertas, cada perito o especialista tuvo en promedio 352 investigaciones a su cargo.
El contraste nacional también es significativo: Puebla concentra apenas 1.5 por ciento del personal forense del país, mientras que estados como Jalisco y Veracruz superan los 700 y mil trabajadores en esas áreas, respectivamente.
A esta limitación de personal se suma que, al momento del levantamiento del censo, el Instituto de Ciencias Forenses de Puebla reportó su dirección vacante, es decir, operaba sin titular formal. Esta ausencia ocurrió en medio de una crisis nacional por la acumulación de cuerpos sin identificar y la saturación de los servicios médico forenses, documentada por el propio Inegi.
De acuerdo con el censo, los anfiteatros y servicios forenses de Puebla recibieron mil 245 cuerpos durante 2024, entre personas fallecidas por causas violentas, muertes naturales sin reclamo y restos trasladados desde otras entidades.
Con la plantilla disponible esto equivale a 29 cuerpos por cada trabajador del área médico forense durante el año.
La proporción contrasta con Veracruz, que reportó 2 mil 878 cuerpos pero cuenta con más de 700 servidores forenses, o con Jalisco, donde la infraestructura y el personal son hasta cuatro veces mayores.
En suma, el rezago judicial se refleja también en los espacios forenses: poco personal, dos unidades operativas y una dirección vacante durante 2024, en un estado que arrastra más de 36 mil carpetas pendientes y enfrenta una creciente carga de víctimas que requieren dictámenes especializados o identificación.
