La Secretaría Estatal en Defensa de la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional de Morena Puebla solicitará al Consejo Nacional del partido que se destine el equivalente al 33 por ciento del gasto de campaña programado este año para financiar talleres de capacitación y acciones jurídicas contra la privatización del agua.
La solicitud ya recibió el visto bueno del Consejo Estatal, el cual comisionó a la integrante del Comité Ejecutivo Ana Laura Martínez Escobar para extender la petición a los órganos nacionales.
Ana Laura Martínez, quien es titular de la Secretaría Estatal en Defensa de la Soberanía, dio a conocer que 33 por ciento representa alrededor de 200 mil pesos, los cuales se entregarían a organizaciones sociales que llevarían a cabo las acciones de resistencia contra la participación de la iniciativa privada en el suministro hídrico en Puebla capital y los municipios de Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
En entrevista con La Jornada de Oriente, señaló que la privatización del agua no solamente involucra un tema de gestión en la distribución de la misma, sino la afectación a los derechos del agua de los pueblos indígenas y de las poblaciones rurales agrícolas.
En ese sentido, consideró erróneo que las acciones se centren en el combate jurídico de las nuevas tarifas que aplica la empresa Concesiones Integrales, pues el problema de fondo es que la privatización de un servicio que debería brindar el Estado.
Ana Laura Martínez también abordó el tema en una conferencia de medios en la que estuvo presente el consejero nacional de Morena René Sánchez Galindo, quien detalló que la solicitud de financiamiento se fundamenta en los artículos 72 y 74 de la Ley General de Partidos Políticos.
En el artículo 74 se posibilita el uso del gasto ordinario en educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la ciudadanía.
En el caso de la privatización del agua, explicó Ana Laura Martínez, la defensa se centraría en el derecho humano de acceso a ese vital líquido.
“Se debe concientizar a la ciudadanía de que la defensa del agua es a mediano y largo plazo; por lo que hace necesaria la articulación con vecinos, asambleas locales, regionales y nacionales, con redes de defensa ambiental existentes, y la vinculación con los movimientos sociales en defensa del agua y el territorio.
“Para el caso específico de nuestra entidad, la defensa del agua tiene como objetivo revertir su privatización (y) ante este panorama, vimos la necesidad de contar con un equipo de abogados, que se dedique con la seriedad y el tiempo necesario al litigio de las demandas colectivas”, expuso.
Por último aclaró que los recursos que se destinarían a las acciones contra la privatización saldrían del gasto que destina el Instituto Nacional Electoral (INE) para el sostenimiento de las actividades ordinarias del partido.