Tras cumplirse siete meses del juicio oral contra Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en mayo de 2022, su hermana y abogada del caso, Helena Monzón, denunció que el tribunal de enjuiciamiento sigue tolerando medidas de los abogados del imputado para aplazar aún más el final del proceso.
Muestra de ello es que el tribunal utilizó las últimas dos audiencias, realizadas el martes y miércoles de esta semana, para escuchar un testimonio que ya había sido declarado tres ocasiones en 2022 ante un juez de control: el de Jair N., uno de los dos presuntos autores materiales del crimen.
“Hemos vuelto a hablar de la confesión de Jair N. para acreditar que fue ante un juez de control, y en tres ocasiones el juez de control de turno le informó de su derecho a no declarar”, explicó Monzón.
Mientras que durante el desarrollo de la audiencia del miércoles, en la que se presentó el análisis pericial psicológico de la víctima, los abogados defensores de Javier López Zavala, señalado como autor intelectual, y de Jair N. y Silvestre N., presuntos autores materiales, incurrieron en actitudes misóginas al grado de que el tribunal tuvo que recordarles la obligación de aplicar la perspectiva de género.
“Han acabado teniendo que recordarle a las defensas lo que es la perspectiva de género. Me duele que mi madre haya tenido que ver el show de hoy. Y que sea normal en México”, lamentó Helena Monzón.
El caso no es aislado. Al menos dos procesos más por feminicidio en Puebla documentados por La Jornada de Oriente reflejan el mismo patrón de retrasos: el de la doctora Aline Reynoso, asesinada en julio de 2023, y el de la estilista peruana Wendy Hellen Sandon, asesinada en diciembre de 2022.
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Al igual que el feminicidio de Cecilia Monzón, ambos juicios apenas darán inicio tras más de dos años de haberse cometido los crímenes, presuntamente perpetrados por sus expresas sentimentales.
Hasta el momento, ni la cobertura mediática ni la presión social de familiares y colectivos han logrado acelerar los procesos. Por el contrario, las demoras, como ha denunciado Helena Monzón, revictimizan a las familias al negarles una sentencia condenatoria contra quienes privaron de la vida a sus seres queridos.
El caso de Cecilia Monzón no solo ha sido ampliamente cubierto por medios y acompañado por colectivos feministas, sino también condenado por el gobierno de España, país que desde hace tres años exigió al Estado mexicano justicia por el feminicidio de una de sus ciudadanas, ya que la activista contaba con nacionalidad española.
Este jueves se celebra la audiencia número 69, marcada por la repetición de testimonios inconclusos que entorpecen el desahogo del proceso judicial, según ha señalado la abogada.
“Hace días que no empieza una audiencia con testigo nuevo; normalmente van arrastrando audiencias, de lo largos que son los interrogatorios. Hoy es uno de esos días”, denunció.
Aunque en septiembre Helena Monzón había declarado que el juicio se encontraba en su etapa final y confiaba en una sentencia condenatoria antes de las fiestas navideñas, la primera semana de noviembre transcurre sin avances visibles.
“Es como si cada paso para alcanzar justicia por Cecilia Monzón tuviera que costar el triple de tiempo y recursos… Parece que las condenadas somos mi madre, mi familia y yo, y no los asesinos de Ceci”, expresó.
Finalmente, la abogada informó que la audiencia de este jueves fue breve pero que ha sido positiva porque durante la misma se aprobó que testifique la tía de Cecilia Monzón, quien vivía con ella, y que actualmente se encuentra asilada en España. Por lo anterior, los defensores de López Zavala habían intentado bloquear su testimonio.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, los juicios orales por feminicidio en el país superan, en promedio, el año y cuatro meses de duración, lo que representa una vulneración al derecho constitucional de una justicia pronta y expedita, considerando que los estándares internacionales fijan un máximo de un año para su resolución.
A ello se suma la impunidad en numerosos casos: según Yali Figueiras, asesora en Derechos Humanos y Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla e integrante del colectivo Por las Mujeres de Puebla, entre 2021 y septiembre de 2025 se han registrado al menos 240 feminicidios probables que no han llegado a juicio.
