El programa de fotomultas debe continuar en el estado de Puebla, pero no como una medida meramente recaudatoria, como ocurrió en el sexenio de Rafael Moreno Valle, opinó Francisco Romero Serrano, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex).
En conferencia de prensa, dijo que podría seguir si se le hacen algunas modificaciones, como eliminar la sanción cuando no haya reincidencia o en otras circunstancias, así como pagarla con descuentos.
En opinión del dirigente, se trata de una buena medida para salvaguardar a los automovilistas, además de que las cámaras podrían ser utilizadas para otros fines, como la detección de unidades robadas u otros usos para la seguridad pública.
Sin embargo, consideró que Autotraffic no debe seguir operando las cámaras sino que se debe lanzar una licitación y elegir a otra empresa.
“El morenogalismo se caracterizó por la lana por delante, fue público y notorio”, abundó Romero.
Dijo que sería inconstitucional pedir que todas las empresas ligadas al morenovallismo sean desplazadas de Puebla, sin embargo consideró necesaria una investigación para ubicar a las que hayan operado de forma irregular y no contratarlas más.
Francisco Romero comentó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha mostrado en su discurso las buenas intenciones de hacer justicia y sancionar a quienes presuntamente utilizaron o desviaron recursos en su beneficio durante los periodos de Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
“Existen voces que dicen que a los fallecidos hay que dejarlos descansar, sin embargo existen muchos vivos que aparentemente gozan de buena salud e impunidad, que todavía recuerdan con tristeza la época de opulencia, derroche y ejercicio del poder inmoral para hacer, deshacer e inclusive legislar como les diera en gana, a conveniencia propia o de sus jefes”.
Todo ellos deben ser auditados, por la Auditoría Superior del Estado o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y en caso de ser necesario, ser sometidos a proceso, insistió Francisco Romero.
Entre los los exfuncionarios a los que consideró se les deberían pedir cuentas se encuentran Eduardo Tovilla Lara y Raúl Egremy Palomeque, quienes laboraban en la Secretaría de Finanzas como subsecretario y director de Presupuesto, respectivamente; así como el exdiputado local y extitular de Salud, Jorge Aguilar Chedraui.