Una década después de que Araceli Vázquez Barranco fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental en el municipio de Acajete, el crimen no se ha esclarecido y no ha habido justicia para la misma, acusó este miércoles su familia.
Fue apenas a finales de junio pasado cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de Javier N., el presunto responsable del crimen, de quien dijeron que temen que quede en libertad, pues su familia contrató un equipo de abogados para llevar su defensa.
La madre y hermana de Araceli ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa acompañadas de colectivos de defensoras de los derechos humanos como el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C., en la que pidieron a la FGE integrar adecuadamente la carpeta de investigación del caso para que el supuesto culpable sea vinculado a un proceso penal.
“A 10 años de trámites, quejas, omisiones, excusas y dilación, esta vez la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en sus manos la esperanza de una familia y el llamado es a que no la defraude, tenemos conocimiento de que una nueva agente del Ministerio Público ha sido asignada al caso y se ha comprometido con el mismo”, indicaron.
Alma Delia Vázquez, quien es hermana de la víctima, narró que ella ya había terminado una relación que tenía con Javier pero él la seguía acosando debido a que no toleró ya no tener control sobre la misma como cuando ambos eran pareja.
El 13 de noviembre de 2013, el hombre aprovechó que conocía la dinámica familiar de Araceli, quien estudió ingeniería textil y tenía días de haber entrado a una fábrica a laborar, y entró a su domicilio cuando estaba sola y presuntamente la privó de la vida, según refirió.
Fue hasta diciembre de ese mismo año –un mes después y de muchas trabas por parte de las autoridades– cuando se giró una orden de aprehensión en contra de la expareja de la víctima pero este logró permanecer prófugo hasta junio de este año cuando fue detenido.
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Incluso comentó que una vez que la familia de Araceli se dio cuenta de que estaba ya sin vida en el interior de su domicilio y denunciaron a la Policía Municipal, los agentes de seguridad pública tardaron cinco horas en ir a buscar al supuesto feminicida.
Otra de las anomalías que la familia acusó tiene que ver con que en 2014, un agente del Ministerio Público le pidió a ellos mismos que fueran a buscar al supuesto responsable y que cuando ya lo tuvieran ubicado le avisaran para que lo detuvieran.