De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Puebla, un grupo de abogados poblanos instaron a la presidente municipal, al síndico, al tesorero, al secretario de Gobernación y a la contralora municipal para que dieran informes en relación al polémico asunto por el cual de manera sospechosa el representante del pueblo “negoció” una indemnización por 15 millones de pesos cuando el monto era por no más de 3 millones de pesos.
Trascendió que el licenciado Moisés Romero Carreto se comunicó con el síndico municipal a quien le reprochó su negativa para no recibir el escrito que sorpresivamente sí recibió Claudia Rivera Vivanco. En todos los casos Gonzalo Castillo Pérez escurrió el bulto y no quiso dar explicación alguna.
Esta casa editorial cuenta como es del conocimiento de todos los medios de prensa escrita, radio, televisión e internet de su contenido, de lo que se le solicita al probable responsable de un acto de corrupción desmedida.
Obran grabaciones auditivas donde el síndico escamotea las llamadas del abogado de esta casa editorial Carlos Meza Viveros, y escurridizamente se niega a contestar. ¿Qué esconde él, la presidenta y tesorera municipales? Pronto lo sabremos.