A casi cinco años de sobrevivir a un ataque con ácido, el juicio que la poblana Esmeralda Millán emprendió contra su expareja sentimental como responsable de la agresión no ha prosperado, debido a que han sido canceladas 14 audiencias de forma consecutivas.
La activista Carmen Sánchez denunció los hechos y solicitó el apoyo del fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, para que se destrabe el caso, en el marco de la aprobación de una reforma a nivel local que equipara ese tipo de violencia con un intento de feminicidio, para que se imponga a los agresores hasta 40 años de prisión.
“Buscamos justicia y una reparación integral por el daño que le hicieron”, manifestó en una visita que realizó al Congreso de Puebla, en la que también estuvo presente Esmeralda Millán.
Carmen Sánchez, también sobreviviente de un ataque con ácido que brinda acompañamiento a otras víctimas a través de una fundación que lleva su nombre, aseguró que el Higuera ya tiene conocimiento del caso de Esmeralda, porque recientemente sostuvo una reunión con él que tuvo ese propósito.
“Se comprometió a apoyarla”, agregó la activista en una conferencia de medios que improvisó en el patio principal del palacio legislativo.
Reforma en materia de violencia ácida
Los diputados modificaron el Código Penal para elevar la sanción de cárcel por ataques con ácido, con el fin de que esa agresión no sea perseguida por el delito de lesiones, ya que éste tiene una pena máxima de 13 años de cárcel.
La agresión será perseguida como “violencia ácida” y se definió como “aquel acto que infringe daño no accidental, utilizando la fuerza física o algún tipo de objeto, ácido o sustancia corrosiva cáustica, irritante, tóxica o inflamable (…) que en determinadas condiciones puedan provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas”.
La reforma en materia de violencia ácida se aprobó junto a la ley Monzón, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemorará el 8 de marzo próximo.
El Congreso local dejó fuera del paquete de iniciativas la despenalización del aborto voluntario, por lo que se seguirá sancionando en Puebla con seis meses hasta un año de prisión, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 7 de septiembre de 2021 que es una disposición inconstitucional, por no respetar el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes.