Los juicios de amparos, emprendidos contra la privatización del servicio de agua potable en el estado siguen vigentes, porque la corrección que realizó el Congreso local a la ley del agua eliminó sólo una de las disposiciones inconstitucionales de la normativa, pero mantiene los artículos que permitirían la contratación discrecional de particulares, según denunciaron integrantes de la Asamblea Social del Agua, quienes se manifestaron ayer en el palacio legislativo para advertir que continuarán la lucha jurídica contra el proyecto de concesión que impulsa el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En una entrevista con La Jornada de Oriente, Gilberto Vladimir Montalvo González, quien es uno de los asesores jurídicos de la organización, explicó que la derogación del artículo 118 bis que se aprobó ayer no es suficiente para dejar sin efectos los amparos.
En los juicios emprendidos, detalló, también se contravienen los artículos 29, 30 y la fracción 4 del numeral 31, de los cuales este último contiene una de las disposiciones más controvertidas, ya que faculta a los concesionarios a subconcesionar el servicio.
“Esto quiere decir que la empresa que gane la concesión que licita en estos momentos el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable (Soapap) podrá contratar a su vez a diferentes empresas, pero esas empresas ya no van a participar en una licitación”, alertó.
Ahondó que la fracción 4 determina, además, que la concesión también podrá ser embargada, gravada y vendida, por lo que los ciudadanos “no tendrán seguridad de quién proporciona el servicio de agua ni si éste es de calidad o suficiente”.
Sobre el tema, añadió: “Si el concesionario cae en deudas lo pueden embargar los acreedores de la empresa y no habría certeza de qué pasaría con el servicio”.
Además, refirió que el artículo 4 de la Constitución del país no considera la participación de la iniciativa privada en la dotación del servicio hídrico, ya que determina que el Estado tiene la obligación de garantizar a “toda persona” un acceso equitativo, sustentable y asequible.
Para Montalvo sólo queda una salida al Congreso y al gobierno del estado para ajustar su actuar a la ley: el Poder Legislativo debe derogar todos los artículos contravenidos de la ley de agua, mientras el Soapap tiene que echar abajo la licitación del servicio que lanzó el 18 de septiembre pasado.
Puntualizó que la derogación del artículo 118 bis sólo regresa al Poder Legislativo la facultad para definir las tarifas del servicio, las cuales se pretendían estipular en el contrato de concesión que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable firmaría con la compañía ganadora, sin que hubiera ningún mediador.
Clausula de confidencialidad
Los amparos promovidos por la Asamblea Social del Agua también contravienen la determinación que tomó el Soapap de incorporar una clausula de confidencialidad a la licitación del suministro de agua potable, el sistema de drenaje y alcantarillado, las acciones de saneamiento y la disposición de aguas residuales.
Montalvo González aseguró que la reserva de información, por la cual se desconocen las condiciones bajo las cuales participaría el sector privado en la dotación del servicio, quebranta el artículo 134 constitucional, el cual determina que los procesos de licitación son públicos, así como el 6 constitucional, que defiende la máxima publicidad de la información gubernamental.
“Lo que tiene que hacer el gobernador es hacer pública la licitación para que no se conceda el amparo”, anotó el abogado, quien dio a conocer que hoy uno de los juzgados que concedió el amparo requirió al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable información sobre el número de empresas que participan en la licitación, así como los montos de la inversión.
Convocan a movilización
La Asamblea Social del Agua convocó el día de ayer a la sociedad a participar en una movilización contra la privatización del servicio de agua potable, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en Puebla capital.
Frente a las instalaciones del Congreso del estado los inconformes tacharon a los diputados de “inútiles” y de “tramposos” por avalar proyectos del gobierno del estado que perjudicarán a los ciudadanos.
A través de altavoces que se instalaron sobre el toldo de un vehículo particular, acusaron que la participación del sector privado en el suministro hídrico no sólo lo encarecerá, sino que también podrá en riesgo las fuentes de abastecimiento, como ha sucedido en otros estados del país que han abierto las puertas a la inversión privada.
Asimismo, anunciaron reuniones semanales que se llevarán a cabo los martes en las oficinas del Sindicato de Telefonistas, que se ubican sobre el bulevar 5 de Mayo, donde se asesorará a los ciudadanos en materia jurídica para continuar con la interposición de amparos.