Los gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad dejaron cuentas pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ascienden a 7 mil 902.2 millones de pesos.
El monto de observaciones no solventadas se asemeja a los recursos federales que recibirán los 217 municipios del estado para su funcionamiento durante 2021, de acuerdo con la Ley de Egresos del año entrante.
El concentrado que ofrece la ASF en su aplicación móvil informa la realización de 353 auditorías en Puebla de 2011 a 2018, en las que identificó posibles irregularidades en el manejo de 14 mil 386.1 millones de pesos de recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados.
Del monto total, la autoridad estatal solventó observaciones por 6 mil 483.9 millones de pesos. En el caso de los 7 mil 902.2 millones de pesos restantes, la ASF los clasifica como pendientes de aclarar o, de persistir la irregularidad, de recuperar para que sean reintegrados a la tesorería de la Federación.
Irregularidades se dispararon en 2012, 2015 y 2017
El concentrado de la ASF permite identificar los años 2012, 2015 y 2017 como los de mayores irregularidades. Moreno Valle es responsable de los dos primeros; el último corresponde a la gestión de Gali.
Mientras en 2012 el monto de las observaciones pendientes de subsanar asciende a mil 543.4 millones, el de 2015 es de 3 mil 238.6 millones y el de 2017 de mil 241.2 millones de pesos.
En tanto, en 2011 se tiene una cuenta pendiente de 39.4 millones de pesos, en 2013 de 824.1 millones, en 2014 de 630.6 millones, en 2016 de 149.3 millones y en 2018 de 235.6 millones.
Los 7 mil 902.2 millones de pesos de los gobiernos panistas que no han sido comprobados equivalen a 90 por ciento de los 8 mil 601.8 millones de pesos de recursos federales que se programaron para los 217 municipios en 2021.
Ningún gobierno supera a los panistas en irregularidades
Ninguna otra administración estatal tiene hasta el momento cuentas por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación de la magnitud que las de los gobiernos de Moreno Valle y Gali.
En el caso del gobierno de Mario Marín Torres, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabezó el Poder Ejecutivo local de 2005 a 2011, el monto de recursos por aclarar o devolver es de 167.5 millones de pesos.
El histórico de la ASF llega al año 2000, que corresponde al segundo del sexenio del priista Melquiades Morales Flores, administración a la que se le imputa una observación pendiente de solventar de 1.1 millones de pesos.
El concentrado no ofrece información del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido ni de la gestión actual de Luis Miguel Barbosa Huerta, los cuales han sido objeto de auditorías parciales.
De acuerdo con la Segunda Entrega de los Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF emitió 15 pliegos de observaciones al gobierno de Puebla por 995.5 millones de pesos que la autoridad estatal todavía tiene la oportunidad de solventar.
La ASF presumió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por el manejo de esos recursos, más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación.
En salud se concentraron la mayoría de las inconsistencias
La mayoría de las observaciones de la cuenta 2019 se detectaron en la auditoría 1049 que se practicó a los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno estatal, ya que en éste se presume la mala aplicación de 687.5 millones de pesos.
La ASF señaló inconsistencias en la adjudicación de medicamentos contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), así como en la adquisición de material de curación y otros insumos.
En 2019 el manejo de recursos del gobierno de Puebla estuvo a cargo de tres personas: Jesús Rodríguez Almeida, como encargado de despacho en los primeros 20 días de enero, posición que ocupó tras el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso; a Guillermo Pacheco Pulido, como gobernador interino del 21 de enero al 31 de julio; y al gobernador en funciones Luis Miguel Barbosa Huerta, quien rindió protesta el 1 de agosto de ese año.