La tortura es una práctica en todos los ámbitos de las corporaciones policiacas, los organismos de procuración de justicia y las cárceles de este estado; la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos 8 años concentra 2 mil 675 carpetas de investigación iniciadas por este delito, pero sólo existen 7 sentencias para condenar a responsables.
El Poder Judicial reconoció que aunque en ese periodo se han dictado estas sentencias por los delitos de tortura, tratos y penas crueles inhumanos y degradantes, sólo uno se encuentra firme, el resto está en apelación y con la posibilidad de no ser ejecutadas.
Integrantes de organismos que han visibilizado la práctica de la tortura en México señalan que este hecho revela la expresión más pura de la impunidad, pues aunque existe el marco normativo es un hecho que este delito no se castiga.
Ángel Salvador Ferrer, coordinador de prevención de la tortura en la Organización Documenta sostiene que estas cifras revelan la falta de acceso a la justicia en su forma más brutal, por lo que la impunidad sobre pasa el 99 por ciento.
El también colaborador en la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) explicó que es así porque el principal problema –que no lo tienen otros delitos– es que éste es un “delito de autoridad”, por lo que los obstáculos se multiplican, lo que también implica la infra -denuncia que se registra a lo largo y ancho del país.
“Casi la mitad de las autoridades señaladas por el delito de tortura son las instituciones encargadas de investigar practicar la tortura. Entonces, existe aquí un conflicto que genera miedo, un medio muy real y muy fundado en las víctimas”, resumió.
La hazaña de una denuncia que llega a la FGE
Salvador Ferrer aseguró que las 2 mil 675 denuncias ante la FGE por el delito de tortura son las que llegaron luego de una verdadera cruzada, con una o más cribas y filtros; y dejando en el camino a cientos de denuncias que no llegaron pero que constituyen una cifra negra reconocida en este fenómeno al que se refiere como “inconmensurable”.
“Quienes han denunciado tortura logrando que se abra una carpeta han hecho un camino largo con muchos obstáculos y filtros; es decir para que alguien denuncie debe tener acceso al conocimiento de la legalidad, identificación pleno del delito y saberse sujeto de derecho, además de conocer a qué instituciones debe acudir, cómo denunciar y tener también la posibilidad económica, tiempo de desplazamiento y una condición psicológica que le permita sostenerse en este camino de exigencia de justicia”.
El experto en el tema, explicó que muchas víctimas tienen un desconocimiento de los mecanismos de denuncia dada la exclusión que viven, pues contrario a lo que se cree de que cualquier persona es víctima de tortura, el perfil de las víctimas apunta que son personas pobres, a veces en situación cercana a la exclusión social, con bajo nivel socioeducativo y bajas posibilidades económicas “Se buscan a las personas que van a tener menos capacidad de poder enfrentar un proceso penal, señalando las autoridades.
El delito de tortura no prescribe, carpetas se archivan
De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 210425325000163, el Poder Judicial señaló que en el sistema penal –oralidad penal, tradicional y justicia especializada para adolescente–, de 2015 a la fecha se han dictado siete sentencias por el delito de tortura, de las cuales 1 se encuentra firme.
Para Salvador Ferrer, la enorme demanda de resolución del fenómeno delictivo como es la tortura que implica una violencia excesiva, se suma a otra violencia aún mayor: la institucional. “Hay omisión del castigo. Se sabe que ni siquiera cuando se denuncia se llega a sentencias absolutorias, los casos son simplemente “atorados” en el proceso y en el grueso de los casos se decide no ejercer la acción penal”
En su recorrido, Salvador Ferrer asegura que aunque existan procesos abiertos, generalmente hay encubrimiento de las mismas autoridades, destrucción de pruebas, evidencias implantadas, incluso la prolongación del proceso por años.
Para otros expertos consultados, la estrategia mayor consiste en “congelar” las carpetas de investigación. Refieren que Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en México –conocida como la Ley General contra la Tortura– que establece que el delito no prescribe, provoca que expedientes sean concentrados en el archivo temporal, haciendo de la omisión, una legalidad.
“Los expedientes que no se pueden cerrar porque son el delito no prescribe, pero en el proceso en realidad no avanzan, simplemente se van acumulando y los agentes de Ministerio Público cada vez tienen más carpetas dificultando la investigación, pues la sociedad es dinámica, se mueve de lugares, es más difícil localizarla, incluso la memoria se pierde, pues los relatos cada vez pueden ser un poco más complejos de recordar, los detalles, evidencias, pues todo lo que implica juzgar casos que han pasado muchos años”, coincidió Salvador.
Ferrer sostiene que es un error pensar que los casos no son reales, que los expedientes no tienen elementos para ir a juicio; “no creo que una sociedad o un enorme número de personas dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo –de forma masiva– a levantar denuncias por tortura. No creo que la gente no tenga nada mejor que hacer que denunciar falsamente. Estamos ante un fenómeno de proporciones inmensas y el abordaje es mínimo”, adujo.
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