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El Instituto Electoral del Estado (IEE) ordenará el “retiro inmediato” de la propaganda que ha tapizado la entidad, principalmente la zona metropolitana desde por lo menos un año, mediante la colocación de espectaculares, bardas y lonas que destacan la imagen de los aspirantes de Morena al gobierno de Puebla y justo en la etapa final del proceso de selección de candidato de ese partido. Para muchos es una medida sumamente tardía y que cuestiona la propia existencia de los organismos electorales de manera permanente, que no cuentan con un marco regulatorio que le permita actuar cuando es necesario hacerlo, además de fiscalizar y transparentar los recursos utilizados por aspirantes a candidatos, como es el caso actual.
La explicación para una actuación tan desfasada del órgano electoral se basa en el lineamiento del IEE, que tiene fundamento en el artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, que reformó el Congreso de Puebla en 2020, para cerrar el paso a la promoción de aspirantes, estableciendo que “no podrá fijarse, ni pintarse, en espectaculares o usar pantallas electrónicas, ni colgarse en algún elemento adherido a ellos, incluyendo portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular”.
El lineamiento también determina que el periodo sujeto a fiscalización del INE inicia el 3 de noviembre y concluye tras la elección del 2 de junio de 2024, con la publicación de los resultados o declaración final. Sin embargo, no existe marco regulatorio para que el IEE pudiera intervenir antes, lo que ha derivado justamente en lo que se buscaba contener que es la promoción anticipada de posibles candidatos y la total opacidad en materia de la procedencia y cuantía de los recursos. Demostrando la inacción de los organismos electorales y cuestionando en la práctica su existencia como órganos permanentes, cuya función prioritaria es regular la vida partidaria y electoral en el país.