El subsecretario de Educación Superior del estado de Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe (GAJU), afirmó que si se comprueban las acusaciones contra directivos de los Institutos Tecnológicos de Tlatlauquitepec, San Martín Texmelucan y Ajalpan, “no se les encubrirá”, y sostuvo que sus nombramientos fueron avalados en juntas de gobierno integradas no sólo por autoridades estatales y federales, sino también por representantes del sector privado y social de cada región.
En entrevista con La Jornada de Oriente (JO), el funcionario explicó que las denuncias por acoso laboral o sexual que han surgido en estos planteles están siendo investigadas internamente por el Órgano de Control de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero exhortó a las personas agraviadas a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o ante otras instancias competentes, como la Comisión de Derechos Humanos o la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, indicó que la SEP ha puesto en marcha un programa de recuperación y nivelación académica con el propósito de que las y los estudiantes no pierdan el semestre a causa de los paros y tomas de instalaciones registrados durante las protestas estudiantiles.
Juárez Uribe habló también sobre la naturaleza de los conflictos, las quejas de estudiantes y docentes, las acusaciones de prepotencia y nepotismo contra directivos, y la forma en que la Secretaría de Educación intenta restablecer la normalidad en los tecnológicos de la entidad.
JO–¿Cuál es la situación actual en los tecnológicos de Tehuacán, Texmelucan, Tlatlauquitepec y Ajalpan, donde los estudiantes han protestado por supuestos abusos, acoso y designaciones irregulares?
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GAJU–En primer lugar, quiero precisar que el Tecnológico de Tehuacán no depende de nosotros, pues tiene presupuesto federal y sus directivos son nombrados desde la Ciudad de México por el TecNM; sin embargo, los otros tres tecnológicos –San Martín, Tlatlauquitepec y Ajalpan– sí están bajo la jurisdicción estatal.
En el caso de San Martín Texmelucan, los jóvenes tomaron las instalaciones con diversas demandas sociales y educativas. Desde el primer día mantuvimos diálogo con ellos; incluso cuando no estuvimos físicamente presentes, enviamos a la estructura operativa de la Subsecretaría, al subdirector de Tecnológicos, al director de Universidades y Tecnológicos, y a mi equipo.
Finalmente logramos reabrir el servicio educativo con algunos acuerdos importantes para no perder el semestre. Designamos a un comisionado estatal, con el visto bueno del secretario de Educación, para acompañar las tareas académicas y administrativas. Es decir, trabaja en una vía paralela con la dirección del plantel, supervisando áreas académicas y laborales para garantizar que se respeten los derechos de todos.
En Tlatlauquitepec hemos mantenido el mismo método: diálogo constante, contrapropuestas, reuniones de trabajo y apertura para llegar a acuerdos. En Ajalpan, también estuvimos recientemente. Platicamos con estudiantes, docentes y padres de familia; hay distintas posturas, pero coincidimos en la necesidad de reanudar actividades académicas para evitar que el semestre y el año se pierdan.
JO–Una de las denuncias más visibles es el nombramiento de directivos que, según los estudiantes, no cumplen con el perfil profesional o han incurrido en conductas prepotentes o de nepotismo. ¿Qué responde a esto?
GAJU–Todos los nombramientos pasan por un proceso formal. Quienes son actualmente directores o directoras de los tecnológicos fueron avalados por una junta de gobierno. Esa junta está integrada por autoridades federales, estatales, consejeros locales, empresarios, representantes del sector productivo y del sector social.
El procedimiento es el siguiente: se presenta el perfil y el currículum vitae de la persona propuesta; se envía a la Federación, donde se revisa y aprueba, y finalmente la Junta de Gobierno vota y ratifica el nombramiento.
Es cierto que algunos directivos tienen un perfil distinto al de ingeniería –por ejemplo, hay abogados–, pero cuentan con título, cédula profesional y experiencia en el ámbito educativo. Tal vez no todos provienen directamente del sistema tecnológico, pero sí han trabajado en áreas educativas de sus regiones. Por eso decimos que su designación está justificada desde el punto de vista legal y académico.
JO–También hay denuncias de acoso y maltrato contra algunos docentes y directivos. ¿Qué está haciendo la secretaría al respecto?
En ese tema hemos sido muy claros. Cuando se nos presentan denuncias de acoso laboral, sexual o social, las canalizamos al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación. Ellos investigan, determinan si existe responsabilidad y aplican las sanciones correspondientes.
Además, hemos exhortado a las y los jóvenes a que interpongan denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y, en su caso, acudan a la Comisión de Derechos Humanos o a la Secretaría de la Función Pública. Les pedimos que obtengan un folio de seguimiento para que nosotros, desde la Subsecretaría, podamos dar seguimiento a cada caso junto con el área jurídica de la Secretaría.
Por ejemplo, en Tlatlauquitepec hubo una acusación, pero posteriormente –según se nos informó– hubo un desistimiento, aunque aún no tenemos el documento oficial. De cualquier modo, seguimos abiertos y dispuestos a acompañar a las alumnas o alumnos que decidan presentar sus denuncias formales.
JO–¿Pero ya hay investigaciones contra los directivos señalados por los estudiantes?
GAJU–Sí, las hay. El Órgano Interno de Control ya tiene abiertas las investigaciones necesarias. En algunos casos también estamos revisando las denuncias de mala administración de recursos o prepotencia. Lo importante es que, mientras se desahogan esos procesos, hemos establecido la figura del comisionado estatal, que supervisa las funciones administrativas y académicas del plantel junto con el director o directora. De esta manera, aseguramos que no se interrumpa el servicio educativo y que todo se realice con transparencia.
JO–¿Y cuál es la postura de la Secretaría si se confirman las acusaciones?
GAJU–Ha sido muy clara la instrucción del secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso: donde haya culpabilidad, tendremos que penalizar. Si la penalización incluye que el directivo deje su cargo, así se hará. Quiero subrayarlo con todas sus letras: De ninguna manera a nadie se le va a proteger una vez demostrada culpabilidad, negligencia o cualquier otra falta. No hay ninguna circunstancia que nos ate a una persona o a un puesto. Si se demuestra responsabilidad, se tomarán las medidas necesarias.
JO–Los estudiantes han denunciado también amenazas de muerte y agresiones en el marco de sus protestas, incluso un caso en Texmelucan donde un líder estudiantil dijo que su vivienda fue baleada. ¿Qué sabe la Secretaría sobre esto?
GAJU–Sí, estamos al tanto. Hemos hecho equipo con la Secretaría de Gobernación, porque este tipo de asuntos rebasa el ámbito administrativo. Les hemos pedido a los estudiantes que, si reciben amenazas vía redes sociales o mensajes, los documenten con capturas de pantalla y nos los envíen para que los canalicemos a la Policía Cibernética.
Nuestro compromiso es claro: cero represalias contra cualquier estudiante, haya participado o no en el paro. Así lo hemos establecido en los comunicados que hemos enviado a cada tecnológico. Queremos que todos se sientan seguros de que no habrá castigos por haber ejercido su derecho a manifestarse.
JO–¿Cuál es la situación académica actual? ¿Los estudiantes están tomando clases?
GAJU–Formalmente, los tecnológicos no están en paro total. Hemos impulsado clases en línea y un programa de recuperación para que las y los jóvenes no pierdan el semestre. No todos han querido tomar las clases virtuales, y respetamos su decisión, pero el programa está diseñado para que puedan nivelarse.
En diciembre concluye el semestre, y a mediados de enero iniciará la siguiente etapa de recuperación. Queremos que nadie se quede atrás, que los jóvenes de séptimo semestre puedan realizar su residencia profesional y graduarse sin retrasos.
JO–¿Ha recibido la Secretaría quejas o denuncias también por parte del personal docente o administrativo?
GAJU–Sí, también hay quejas laborales. Algunos compañeros alegan haber perdido horas de clase o haber sido removidos de sus cargos pese a tener antigüedad. En esos casos, buscamos resarcir el daño conforme a derecho, dialogando con los directivos y ajustando lo necesario para que haya justicia laboral.
Hay diferentes grupos dentro del magisterio, con distintas posturas, y hemos platicado con todos. Queremos aprovechar su liderazgo y experiencia para fortalecer la vida académica, no dividirla.
JO–Finalmente, maestro, ¿a qué atribuye este auge de protestas en los tecnológicos del estado? ¿Hay intereses políticos detrás?
GAJU–No lo percibo del todo, pero sí hay un ambiente complejo. Pudiera haber manos interesadas, como suele decirse, la mano que mece la cuna. Sin embargo, en los jóvenes he visto demandas sanas y limpias, preocupaciones genuinas por la calidad de su educación.
También hay que reconocer que cada cambio de administración provoca reacomodos. Es natural. Y hoy las redes sociales amplifican cualquier inconformidad: un estudiante publica algo y se genera un efecto contagio.
Por eso estamos trabajando con diálogo, sin confrontación, buscando acuerdos. Respetamos su derecho a manifestarse y a reunirse.
JO–¿Considera que se resolverán los conflictos antes de que termine el semestre?
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GAJU–Sí, tengo plena confianza en ello. Estamos avanzando con diálogo y transparencia. Si hay culpables, se sancionarán; si hay inocentes, se respetarán sus derechos. Y lo más importante: que las y los estudiantes no pierdan su semestre ni su año. Ellos son la razón de ser de todo el sistema educativo. Sin estudiantes no habría docentes, directivos ni estructura educativa. Por eso, nuestro trabajo es garantizarles un ambiente seguro, libre de acoso y con educación de calidad.
