La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en Puebla, ante posibles indicios de fraude fiscal, desvío de recursos y blanqueo de dinero.
La declaración se produjo luego de que una periodista cuestionara a la mandataria sobre la situación del fideicomiso, que supuestamente llegó a acumular un patrimonio de alrededor de 14 mil millones de pesos en bienes y dinero, y que presuntamente fue trasladado a otros fideicomisos e incluso a cuentas en paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
La periodista que expuso el caso en la “mañanera del pueblo” señaló que existe documentación sobre el traslado de recursos de la Fundación Jenkins, cuyo objetivo original era la beneficencia pública en Puebla.
Mencionó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, habría ordenado analizar la posibilidad de presentar denuncias para recuperar estos fondos.
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Sin embargo, no hay que olvidar que la Fundación Jenkins le ganó judicialmente todos los juicios al exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Ante la situación, la reportera preguntó a la presidenta Sheinbaum Pardo si la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían investigar o informar sobre los indicios de fraude fiscal por posible falta de pago de impuestos, desvío de recursos, dado que el fideicomiso tenía reglas de operación y un objetivo de beneficencia pública.
Además, de posible blanqueo de dinero, ya que los recursos fueron triangulados a paraísos fiscales.
La presidenta Sheinbaum Pardo respondió de manera concisa y directa: “Sí, por supuesto. Pedimos a la UIF que lo revise”.
Esta acción se suma a investigaciones previas sobre el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins, que han involucrado órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins de Landa y el litigio por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la principal benefactora.
En 2013, una parte de la familia Jenkins de Landa se llevó a Panamá la Fundación Mary Street Jenkins, para lo cual elaboró un reglamento en el que se declara beneficiaria del patrimonio que el filántropo William O. Jenkins dejó para obras de beneficencia, educación, cultura, salud y deporte de México.
Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, quien desde hace una década denunció la maniobra de sus padres y hermanos para consumar lo que ha llamado “la mayor defraudación filantrópica de la historia”, señala que los documentos que demuestran el saqueo de la Fundación Jenkins están en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema de Administración Tributaria.
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