El ayuntamiento de Puebla perdió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un litigio iniciado por seis regidores que tacharon de ilegal el recorte que se aprobó a su remuneración el año pasado, para el pago de apoyos a comerciantes con motivo de la epidemia de coronavirus (Covid-19).
La Sala Superior del TEPJF, última instancia en la cadena impugnativa, determinó improcedente el recurso de reconsideración promovido por el gobierno de la ciudad, con lo que quedó firme el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) del 12 de octubre pasado que ordenó a la comuna pagar las retribuciones correspondientes a la segunda quincena de octubre de 2020, así como la compensación extraordinaria inherente.
La sentencia del TEEP también incluyó dar vista del caso a la Contraloría Interna del municipio, a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al Congreso de Puebla y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una investigación contra los funcionarios involucrados en el recorte, por hechos que podrían ser constitutivos de violaciones a la ley del ambiento penal y administrativo.
El tribunal local concluyó que el ayuntamiento de la capital del estado cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para la operación del programa de apoyos a comerciantes, por lo que determinó que no era necesario que el Cabildo aprobara un acuerdo para afectar el sueldo de los regidores.
Durante la sesión del 12 de octubre, el magistrado Jesús Gerardo Saravia Rivera, quien elaboró el proyecto de sentencia y concluyó su función el mes pasado, explicó que decidió dar vista al Congreso ante la posibilidad de que la autoridad incurriera en uno de los motivos de la revocación de mandato que se describe en la fracción II del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal, consistente en actos que impliquen violaciones a los planes, programas y recursos públicos, así como aquellos que la ley no les permita.
Aclaró que la sentencia del TEEP no da facultades al Poder Legislativo para iniciar inmediatamente un proceso de revocación, ya que los legisladores tendrán que esperar el resultado de las investigaciones que inicien la FGE, la ASE y la Contraloría Municipal para determinar si es procedente.
El litigio contra el ayuntamiento inició por los regidores del PAN Enrique Guevara Montiel, Luz del Carmen Rosillo Martínez, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Carolina Morales García, quienes impugnaron el acuerdo del Cabildo que recortó su sueldo, junto con Jacobo Ordaz Moreno del PRD y Silvia Guillermina Tanús Osorio del PRI.