Tehuacán. Margarita Garcidueñas Cuellar, fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género, fue señalada de obstaculizar la acción de la justicia en el caso de Susana y Margarita, quienes aseguran haber sido víctimas de intento de feminicidio desde el pasado 11 de agosto de 2023 y a la fecha siguen a la espera de que su proceso avance y de que la fiscal les conceda una audiencia, lo cual ya hizo con la contraparte en ese caso, que son familiares directos de las denunciantes.
De igual manera las demandantes indicaron que han sido revictimizadas por el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que a la fecha no les asigna una sede ni un Ministerio Público, al grado de que desde Puebla remitieron su caso a Tehuacán.
Susana tiene 79 años, es madre de nueve hijos, uno de ellos de nombre Constantino, trabajador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a él lo señala de haberla despojado de su casa y terrenos, lo que la motivó a interponer una demanda por pensión alimenticia en contra de su hijo.
De acuerdo con lo que narraron Susana y su hija Margarita, esa demanda enfureció a Constantino, a la esposa de él y a otras hijas de la adulta mayor quienes el 11 de agosto del año pasado, en Tepexi de Rodríguez municipio del que es originaria, al encontrarse frente a frente arremetieron a golpes contra ambas causándoles una serie de lesiones y amenazándolas de muerte.
En Tepexi no pudieron iniciar la demanda porque la agente encargada de los casos de violencia de género nunca se presentó, motivo por el cual tuvieron que iniciar la carpeta de investigación en la ciudad de Puebla, desde entonces no avanza el procedimiento ya que su caso fue después enviado a Tlacotepec de Benito Juárez y esta semana se les notificó que las audiencias serán en Tehuacán.
Mientras tanto Susana y Margarita manifestaron que viven totalmente atemorizadas porque siguen recibiendo amenazas de parte de parte de Constantino y otras hermanas que se le han unido, por lo que solicitaron a la FGE que agilice su proceso ya que si algo les sucede las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia también tendrían responsabilidad por no atender su caso y dejarlas en el desamparo.
En la primera audiencia que debía llevarse a cabo en la Casa de Justicia de Tehuacán, la juez María Alejandra decidió diferir esa diligencia, sin precisar la nueva fecha para que se presenten, con lo cual quedan en la incertidumbre nuevamente, explicaron.
Hicieron notar que la fiscal de violencia de género, Margarita Garcidueñas ya concedió audiencia a la contraparte y a ellas les ha negado ese beneficio, lo que atribuyen a la falta de recursos económicos, así como a las supuestas influencias que Constantino les ha dicho que tiene por ser trabajador de UPAEP.
Las dos mujeres hicieron un llamado a la FGE para que se agilice su proceso sin hacer diferencias entre quienes tienen posibilidades económicas y ellas que han sido víctimas de la ambición de sus propios familiares. Confiaron en que la justicia sea efectiva ya que llevan casi ocho meses a la espera de que así sea.
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