La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que hay prácticas dilatorias en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para evitar el enjuiciamiento de seis policías del municipio de Izúcar de Matamoros acusados del delito de tortura en contra de dos periodistas en marzo de 2023.
La acusación surgió después de que la juez a cargo del caso decidió diferir para el próximo 11 de julio la audiencia que estaba programada para este lunes en la que evaluaría si vincular a proceso o no a los agentes de seguridad pública involucrados en el caso ocurrido hace un año y tres meses.
Durante la audiencia, que La Jornada de Oriente presenció, representantes de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión expusieron que además de los dos periodistas mencionadas, hay otras dos personas agraviadas que en más de una ocasión han externado no querer formar parte de la investigación por temor a que sean nuevamente agredidas, por lo que incluso han cambiado toda manera de contacto y no fue posibles notificarles sobre la audiencia programada para este lunes.
La juez consideró que era indispensable que las víctimas en cuestión fueran notificadas a fin de que conocieran de la situación y manifestaran si querían o no que la Fiscalía las representara, ya que aseguró que, de lo contrario, se vulnerarían no solo los derechos de ellas, sino también de los seis policías acusados del delito de tortura, al estar en desventaja de condiciones.
Los representantes de la FGR, en voz del abogado Ricardo Sánchez, insistieron a la juez en que no era provechoso y por el contrario, poco conveniente diferir la audiencia ya que las dos víctimas en cuestión reiteraron que no estaban interesadas en formar parte de la indagatoria por temor a que ellas o sus familiares fueran agredidos.
Los abogados insistieron en que esperar más días para decidir sobre la vinculación a proceso de los seis agentes de seguridad pública, representaba un riesgo mayor para todas las víctimas -las dos periodistas lastimadas así como las dos mujeres que se rehúsan a formar parte de la causa penal-.
Hay que recordar que apenas el pasado 20 de junio, sicarios asesinaron a tiros a María del Socorro Barrera Sánchez, testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación que sigue por el delito de tortura contra las periodistas Natalie y Michell Hoyos López.
Sin embargo, la juez sostuvo su argumento al indicar que su obligación era no vulnerar los derechos de las personas agraviadas al imponerles defensores sin que ellas manifiesten que lo aceptan, así como de los policías.
El argumento fue secundado por uno de los abogados de los agentes de seguridad pública municipales, hecho que los representantes de la FGR acusaron como una práctica para alargar el juicio y así evitar que se les vincule a un proceso penal.
Ninguna de las razones expuesta por los defensores de la víctima fue suficiente para la juez quien, también se apoyó de fallas técnicas que la abogada Gregorio de Jesús, quien está a cargo de la defensa de las periodistas, tuvo para conectarse a la audiencia, las cuales al final solucionó pero la jurista ya no admitió su participación.
Inicialmente, la juez propuso diferir la audiencia para mediados de septiembre –en unos dos meses–, hecho que los representantes de la FGR rebatieron y finalmente se estableció la fecha del 11 de julio próximo.
La resolución de la jurista no fue rebatida por la defensa de los seis policías, quienes atentos, algunos con cubreboca, escuchaban los argumentos vertidos por ambas partes este lunes.
Es necesario recordar que los policías y otros cinco funcionarios más de Izúcar enfrentan otro proceso penal, por el delito de falsedad de declaraciones, ya que son acusados de tratar de ocultar las agresiones en contra de las dos comunicadoras.
