El Senado de la República exigió una investigación a fondo contra la multinacional Danone y su filial Bonafont por presunta sobreexplotación de mantos acuíferos y prácticas de greenwashing en la región de Santa María Zacatepec, en el estado de Puebla.
El punto de acuerdo, presentado por el senador Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), del estado de Chiapas, fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su discusión, análisis y votación en el pleno de la Cámara Alta.
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El objetivo es que las dependencias federales actúen con firmeza ante las denuncias de ecocidio y afectaciones sociales que, de acuerdo con los pueblos, han persistido por más de cuatro años en la región Popo–Izta o y que derivó en socavón de grandes proporciones en terrenos de cultivo en Zacatepec.
El exhorto del Senado está dirigido a tres organismos del Estado mexicano, solicitando acciones específicas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A la Conagua, exigió realizar una evaluación de las concesiones otorgadas a Bonafont y, en su caso, revocarlas o modificarlas si resultan contrarias al interés público, ambiental y comunitario.
Mientras que la Profeco debe investigar de manera inmediata y transparente las denuncias comunitarias sobre la presunta sobreexplotación, ecocidio y afectaciones sociales.
Además, tiene el mandato de certificar que las estrategias de sostenibilidad hídrica de Danone (como su plan 4R) incluyan principios de justicia ambiental y la reparación del daño ecológico y social.
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A la Semarnat, solicitó un informe detallado del impacto ambiental derivado de las actividades extractivas de Bonafont, que “debe incluir el caso del socavón que persiste en la zona de Santa María Zacatepec desde hace más de cuatro años y determinar las medidas de reparación integral a las comunidades afectadas”.
Acusación de greenwashing empresarial
El senador Luis Armando Melgar Bravo argumentó que el caso Bonafont es un ejemplo de greenwashing, práctica donde grandes corporaciones simulan ser ambientalmente responsables mediante publicidad y marketing para proteger sus intereses económicos.
A pesar de que su matriz, Danone, promueve globalmente una política de sostenibilidad hídrica, acusó que su filial Bonafont en Puebla ha sido señalada por la sobreexplotación de recursos.
“Las acciones de sostenibilidad de Danone parecen orientadas a mejorar su reputación internacional más que a generar un impacto real, priorizando el lucro y el negocio sobre los derechos humanos y ambientales”, señaló.
El movimiento ciudadano que se gestó en Zacatepec, con repercusiones nacionales e internacionales, exhibió que la extracción de Bonafont, amparada en una concesión federal, representa entre 1.4 y 2 millones de litros diarios, a pesar de que la empresa ha insistido que solo usaba el 0.09 por ciento del acuífero.
Finalmente, el senador verde ecologista dijo que ni Danone ni Bonafont han asumido su responsabilidad por los daños ambientales ni han intentado reparar el daño a las familias afectadas.
Las comunidades han relacionado la sobreexplotación de los mantos acuíferos con la persistencia del socavón en la zona.
El antecedente directo de esta acción legislativa es la protesta histórica de los habitantes de las comunidad de la región del Izta-Popo, quienes, tras semanas de denunciar la extracción desmedida, tomaron la planta el pasado 22 de marzo de 2021, por más de un año.
La ocupación se mantuvo hasta la madrugada del 15 de febrero de 2022, cuando la protesta fue disuelta mediante un desalojo con fuerza pública.
A pesar del desalojo, la acción ciudadana consiguió el cierre “definitivo” del pozo de extracción, obligando a la empresa a modificar el uso de la planta de embotelladora a un mero “centro de distribución”, luego de permanecer cerrada por un año y cinco meses.
