De acuerdo a datos estadísticos del Inegi, se sacó un cálculo de la existencia de cerca de 12 mil casos de violaciones de derechos humanos en 2022; principalmente en el tema de seguridad pública, lo que representa un aumento cercano al 50 por ciento respecto al año anterior. Dicha estimación se obtuvo de los resultados preliminares del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF) 2023
En los mismos se da cuenta que el tipo de hecho más frecuente fue otra violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, con 6 mil 30 expedientes de queja calificados; seguido de otros hechos presuntamente violatorios (no especificados), con 2 mil 575; y la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, con mil 759.
Por la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, fueron 350 expedientes; por otra violación al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, 181; omisión de la prestación de atención médica, 169; otra violación a los derechos laborales individuales y colectivos, con 164 expedientes; y por violación de los principios básicos de la educación, la cual debe ser: laica, gratuita, inclusiva y de calidad, fueron 131 expedientes.
Por otra violación al derecho a la integridad y seguridad personales fueron 94, de otros actos u omisiones que transgreden el derecho a un medio ambiente sano fueron 90; 80 por negativa en la recepción de una denuncia y 85 por indebida dilación del juicio.
En cuanto a detención arbitraria, fueron 84 expedientes; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, 81, y 70 por tortura.
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El resto fueron por negativa, obstaculización o restricción al derecho a la educación; otra violación al derecho a la vida, discriminación basada en el género, omisión en el suministro de medicamentos, negativa, restricción u obstaculización de la adecuada protección judicial; otra violación al derecho a la protección de la salud, violación del principio de presunción de inocencia, incomunicación o aislamiento, negligencia médica, transgresión del derecho a información detallada sobre las causas de la detención, daño ambiental, discriminación hacia las personas con discapacidad y transgresión del derecho a una defensa adecuada, entre otras causas.
En 2022, Puebla fue la cuarta entidad en el país con más hechos presuntamente violatorios, mientras que en 2021 estuvo en el sexto escaño.
El año pasado el estado con mayor cantidad de hechos violatorios fue la Ciudad de México, con 26 mil 321; seguido de Jalisco, con 14 mil 837; y en el Estado de México fueron 17 mil 729.
En tanto que las personas quejosas y/o agraviadas, fueron 11 mil 339 en territorio poblano; mientras que en 2021 fueron 6 mil 224.
Los censos federal y estatal señalan que los principales violadores de derechos humanos en Puebla son los presidentes municipales, se abrieron 5 mil 166 expedientes en su contra; le siguieron otras autoridades (de las que no se reveló nombre), con 2 mil 1; en tercer lugar, estuvieron los juzgados cívicos y homólogos, con mil 662; en cuarto, la Fiscalía General del Estado, con mil 198; y en quinto el sistema penitenciario estatal, con 543.
Asimismo, fueron abiertos 459 expedientes de queja en los que la secretaría de Educación Pública fue señalada de no respetar los derechos humanos; en 220 estuvo involucrada la institución encargada de la función de seguridad pública, y en 183 la secretaría de Salud.
También aparecen en la lista el Instituto Nacional de Migración, el organismo público encargado del sistema de agua, la secretaría de Gobierno, el DIF, IMSS y Comisión Estatal de Atención a Víctimas, entre otras.
