La Secretaría de Gobernación federal tomará cartas en el asunto de la invasión de 400 hectáreas de la Ex Hacienda San José Zetina, ubicada en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, al sur de la capital poblana, luego de cuatro operativos fallidos que han incumplido con la orden judicial de restituir los predios a sus legítimos propietarios.
A través de una misiva dirigida a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, el señor Lucio Gabriel Flores Escalona, representante de 200 familias afectadas por la invasión encabezada por un grupo de paracaidistas desde 2022, solicitó la intervención del gobierno federal ante la parálisis o presunta complicidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha incumplido en reiteradas ocasiones con las órdenes judiciales de restitución.
La petición sería atendida directamente por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, quien fuera cercano colaborador del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este último encabezaba el entonces gobierno del Distrito Federal.
El señor Flores Escalona urgió a la federación a actuar conforme a derecho, luego de que la dirigente del grupo invasor, María Félix Escalona Martínez, junto con ocho personas vinculadas a proceso, ha utilizado a menores de edad y adultos mayores como escudos humanos para impedir los desalojos. Además, destacó que la líder del grupo y cuya familia ha intentado por décadas apropiarse de estos predios, ha recurrido a la violencia armada para sostener la ocupación ilegal.
En este sentido, desde hace más de un bienio, el conflicto ha derivado que servicios públicos y programas sociales no lleguen a las familias legítimamente asentadas en las tierras.
Las autoridades ministeriales han incumplido con diversas órdenes del Poder Judicial del Estado para restituir las tierras, pese a que el grupo de paracaidistas ha perdido un total de ocho amparos. Como agravante, durante el proceso judicial se han cambiado en tres ocasiones los jueces responsables, situación que Flores Escalona atribuye a “argucias y trampas” promovidas por los invasores.
Dicha situación ha alimentado el hartazgo de la comunidad legítimamente establecida, que acusa complicidad o incompetencia de autoridades municipales y estatales, pues aun con sentencias favorables, no han actuado para recuperar los predios. En al menos tres operativos policiacos, denunció Flores Escalona, los agentes del Ministerio Público no se presentaron para cumplimentar las órdenes, y los policías carecieron de explicación sobre su inacción.
La comunidad afectada reporta un desgaste emocional, físico y económico, además del retraso en la prestación de servicios públicos y programas sociales, a los que no han podido acceder pese a estar al corriente en sus contribuciones como el impuesto predial. Las autoridades han argumentado que estos servicios no podrán proporcionarse hasta que se resuelva el conflicto territorial.
En este sentido, Flores Escalona reiteró que aún confían en las autoridades federales, y por ello solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evitar que el conflicto escale y derive en pérdidas humanas, debido a la violencia con la que ha actuado el grupo invasor desde el inicio de su asentamiento ilegal.
Cabe recordar que en 2022, se denunció que un grupo de al menos 50 personas armadas, encabezadas por María Félix Escalona Martínez despojó de terrenos a propietarios en San José Zetina para luego venderlos como lotes rústicos.
Según las denuncias presentadas por Lucio Gabriel Flores Escalona, la líder invasora ha vendido desde 2012 fracciones de las hectáreas sin contar con escrituras, ofreciendo posesión a cambio de mil pesos de enganche y mensualidades de 500 a mil pesos.
Quienes se han opuesto al despojo han sido amedrentados por un grupo armado bajo su mando. Incluso policías municipales y estatales habrían sido beneficiados con predios entregados por los invasores, lo cual explicaría la protección que reciben durante los operativos.
El fraude generó confrontaciones entre familias que pagaron por los terrenos y después descubrieron que carecían de legalidad, así como con los propietarios originales. Los invasores también intentaron instalar postes y apropiarse de un pozo comunitario para simular servicios públicos y legitimar su asentamiento.
Estos actos han provocado enfrentamientos entre grupos armados con machetes, tubos y palos, que únicamente han sido contenidos cuando agentes estatales intervinieron para evitar mayores daños.
A lo largo de los años, sentencias de tribunales agrarios y civiles han reconocido a Flores Escalona y otros diez propietarios como los legítimos dueños de los predios. Entre ellas, destacan el expediente 325/2003 del Tribunal Agrario 47 y el juicio 481/1981 del Juzgado Cuarto de lo Civil, en el que se descartó que las tierras fueran comunales o ejidales, al reconocerlas como propiedad privada.
A esto se suma que el pasado septiembre, la FGE fue señalada por incumplir dos veces un fallo judicial emitido hace 23 meses que ordenaba la restitución de las 400 hectáreas invadidas. La omisión obligó al juez de control Salvador Hernández Martínez a advertir que, si antes de finalizar el mes no se ejecutaba la orden, se interpretaría que la Fiscalía estaba encubriendo delitos.
Sin embargo, al corte de esta edición sigue sin haber una acción por parte de la Fiscalía por lo que las familias afectadas reiteran su llamado a que el gobierno federal intervenga en el asunto.
Finalmente, para dimensionar la situación actual, el agente del Ministerio Público responsable del caso fue apercibido con una multa equivalente a 500 veces el valor de la UMA por persistir con la omisión. Es decir, prefirió ser sancionado antes que actuar conforme lo dictan las órdenes judiciales en contra de los invasores.
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