A un lustro del terremoto que sacudió al estado de Puebla el 19 de septiembre de 2017, se estancó el proceso de reconstrucción de templos, viviendas y escuelas, al reportar en el último año la misma cifra de 65 por ciento en la atención a mil 877 inmuebles que registraron afectaciones en su estructura, de los cuales 621 son edificios con valor histórico.
La falta de recursos federales, el incumplimiento de pago a empresas constructoras por el orden de 60 millones de pesos, el cobro de un seguro del que se desconoce el destino del recurso y la opacidad en el ejercicio de más de 6 mil 318 millones de pesos fueron los factores que generaron controversias y la solicitud ciudadana de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar una presunta malversación de fondos públicos.
De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), Puebla es el tercer estado con mayor recepción de recursos federales ejercidos en el componente de vivienda hasta julio de este año, con 18.23 por ciento del monto total nacional, que supera los mil 76 millones de pesos.
La entidad obtuvo una inversión programada de 196 millones 231 mil 8 pesos, de los cuales se han ejercido 195 millones 844 mil 636 pesos.
El documento también confirmó que se destinaron recursos en este año, tras un ajuste presupuestal, para la reconstrucción y reubicación de mil 72 inmuebles en la entidad, distribuidos de la siguiente manera: Acatlán (33), Atlixco (6), Chiautla (156), Chietla (212), Chila (32), Cuayuca de Andrade (159), Huejotzingo (15), Izúcar de Matamoros (91), Jolalpan (48), Ocoyucan (16), Petlalcingo (106), Puebla (11), San Pedro Yeloixtlahuaca (18), Tepexco (2), Tepexi de Rodríguez (15), Tilapa (9), Tochimilco (21), Tulcingo (41) y Yehualtepec (83).
Sin embargo, en una revisión a distintas páginas oficiales para indagar sobre el avance en la reconstrucción del PNR, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Comisión Intersecretarial de Reconstrucción y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las bases de datos no han sido actualizadas o no existe información del tema.
Esto se debe a que las tres fuentes de financiamiento, como es el desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Seguro Banorte y Sedatu, tienen en la falta de transparencia su problema de origen.
Educación y Salud, los sectores más afectados tras el sismo
La semana pasada la Conavi informó que en el caso de Puebla se está por concluir 12 mil 100 acciones de vivienda en la entidad, con una inversión de mil 600 millones de pesos, sin que tampoco se precise si se trata de construcciones, reconstrucciones o reubicaciones de casas.
No obstante, el sector educativo y hospitalario fueron de los rubros con mayores afectaciones en la capital y los municipios del estado.
Con respecto a los hospitales, de los 14 afectados en el estado de Puebla, dos nosocomios están pendientes por iniciar su reconstrucción. Este es el caso de San Alejandro y el nuevo hospital de Amozoc. Los nueve restantes ya funcionan al menos desde 2021.
En la revisión del Segundo Informe Trimestral de 2022 del Programa Nacional de Reconstrucción, también se corroboró que se destinaron 10.6 millones de pesos para la reconstrucción del Centro de Salud “Dos Núcleos”, de Huehuetlán El Chico; 6.5 millones de pesos para la Unidad de Laboratorios de Huaquechula; y 33.9 millones de pesos para las oficinas Jurisdiccionales en Puebla.
La suma de la inversión en 2022 supera los 57 millones de pesos en la entidad, para la reconstrucción de áreas médicas.
En el rubro educativo, en el año solo se ha avanzado en la reconstrucción de dos escuelas: la Primaria General Emiliano Zapata, en el municipio de Chiautla de Tapia, y otra más que se entregó en la ciudad de Puebla, sin precisar de qué plantel se trata.
Para ambas escuelas se destinaron 5.5 millones de pesos, de acuerdo con la Sedatu.
No obstante, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó –en agosto pasado– que faltan 300 escuelas por terminar su reconstrucción en Puebla, aunque prometió completarlas para finales de año con recursos propios del estado.
Controversias por malversación de fondos
Debido al paso del tiempo, sin concluir los trabajos, el colectivo Opción Ciudadana Puebla presentó la semana pasada una solicitud por escrito a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se investiguen posibles conductas delictivas en el proceso de reconstrucción en el estado de Puebla.
Básicamente solicitaron al titular de la UIF, Pablo Gómez, la revisión del manejo del recurso, ante la posibilidad de que se haya incurrido en delitos de índole financiera, por la malversación de mil 500 millones de pesos.
El coordinador del Colectivo en Puebla, Ernesto García Hernández, precisó que la finalidad de dicha petición es que se transparente el uso del recurso y se aclare si se ha ejercido todo el presupuesto y en qué áreas.
Esto último debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó un avance de 65 por ciento en la reconstrucción de los inmuebles con reporte de daño, es decir, de 621 se han reconstruido 414.
En tanto, el diputado federal del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, denunció que se desconoce el destino que tuvieron más de 91 millones de pesos que recibió México de otras naciones por concepto de donativos para damnificados.
Aseguró que lo misma opacidad se presentó en los apoyos que concentró el Fideicomiso Fuerza México (FFM), principal iniciativa del sector privado para la reconstrucción de los estados afectados, “porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero”.
Para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la extinción del Fonden y la reducción de actividades por la epidemia de Covid–19 produjo el atraso en la reconstrucción de inmuebles por el sismo.
Un total de 15 empresas agremiadas a la CMIC participan en el proceso de reconstrucción, a las cuales a la fecha se les adeudan más de 60 millones de pesos.
El martes pasado, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que urge concluir con el programa de reconstrucción de escuelas del sismo de 2017, “que nunca se terminó” y “quedó abandonado como programa federal” en el estado de Puebla.
A cinco años del terremoto, confirmó que se han entregado mil 800 escuelas que fueron dañadas y otras se encuentran en proceso.
A la par, anunció que su gobierno iniciará una investigación para dar con el destino de 238.6 millones de pesos que en 2018 le pagaron al gobierno de Puebla, durante el sexenio de José Antonio Gali Fayad, por el seguro contratado para atender desastres.
Entre las anomalías detectadas está que los 238.6 millones de pesos no fueron usados para la reconstrucción, sino en otras áreas que nada tenían que ver con el siniestro: 130.5 millones de pesos se emplearon en “servicio de desazolve, desinfección, cloración en red municipal, drenaje, reparación y conservación de áreas hidráulicas; y 55.8 millones de pesos en “asignación extraordinaria de recursos para cubrir diversas tareas en beneficio de la educación”, como la adquisición de “papelería, tóner, consumibles de cómputo, material de limpieza, material de enseñanza, utensilios para servicio de alimentación y material electrónico”.
En tanto, 36.9 millones supuestamente se emplearon en un “convenio de otorgamiento de recursos financieros no regularizables” para los municipios de Tepetzintla, Caxhuacan y Jopala.
La Mixteca poblana, epicentro de un sismo de 7.1 de magnitud
A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 sonaron las alarmas sísmicas en varios puntos de la capital poblana ante el registro de un movimiento telúrico con intensidad de 7.1 grados en la escala Richter con epicentro a un kilómetro de San Felipe Ayutla, en la mixteca poblana, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.
En el recuento, Puebla formó parte de los 11 estados con mayores afectaciones en el país por el sismo, concentrando los daños en los municipios de Atzala, Chiautla de Tapia, Chietla, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, Puebla y Tochimilco.
El saldo de los daños en Puebla fueron 45 decesos de las 228 muertes reportadas a nivel nacional, mientras 112 municipios fueron declarados en emergencia.
El censo efectuado en el estado consiguió documentar 28 mil 343 viviendas afectaciones por el sismo, de las cuales 5 mil 861 (20.68 por ciento) tuvieron daños totales y 22 mil 482 (79.32 por ciento), parciales, así como mil 621 escuelas censadas con daños y 621 muebles con valor histórico.
Un año después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, desapareció el Fonden, debido a señalamientos que era la “caja chica” de funcionarios que lucraban precisamente con desastres naturales.