Sábado, noviembre 27, 2021

Se vale soñar

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Cartas a Gracia 

 

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Secretarias y secretarios de educación de las 15 entidades que tuvieron cambio de administración fueron invitados por Delfina Gómez Álvarez a un encuentro 

“con la titular del despacho educativo de la administración federal”, quien se haría acompañar por funcionarios y funcionarias de primer nivel; burócratas que expondrían, palabras más palabras menos, las prioridades institucionales correspondientes a las oficinas que encabezan, Gracia. Los Boletines Institucionales (SEP 223- SEP224) dedicados a la relatoría de estos eventos, destacarían la encomienda que hiciera la titular de la dependencia para que sus homólogos locales tuvieran un “manejo exclusivo y transparente del recurso administrativo” (Boletín SEP. 224, octubre 15 del 2021) que evite conflictos con el pago de la nómina. Además, la titular federal insistiría en un tema que, aparentemente, ya estaría resuelto a través de solicitudes de información que entregarían -al inicio del ciclo escolar 2021-2022- las y los supervisores y por el que el SNTE habría realizado de motu propio. Censo de escuelas que requirieran una intervención, mayor o menor, en materia de infraestructura escolar, producto del año y medio de abandono que propiciara desde daños en los drenajes, tuberías de agua potable, entre otros, a los que se sumarían daños producto del vandalismo y el pillaje y que de acuerdo al CNTE, arrojaría una cifra cercana a las 90 mil escuelas. 

 

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Delfina propondría que las y los nuevos encargados de los despachos educativos se sumaran a una nueva cruzada de alfabetización en la que ella participa directamente alfabetizando 6 personas y, como si fuera poca cosa, informaría “que se analizará la federalización de la nómina magisterial”; anuncio que no a pocos de los asistentes les habría caído de perlas. 

 

La pasarela les permitiría escuchar a Luciano Concheiro, subsecretario de educación superior, quien estimaría que, para el término del sexenio, la cobertura de educación superior cubriría al 50% de quienes aspiren a cursar ese nivel; porcentaje que requeriría la participación de los particulares a quienes, por el momento, pretende marginar. Juan Pablo Arroyo, a más de informarles que existen 32 “subsistemas de Educación Media Superior […] que incluyen modelos federales y estatales, públicos y privados”; pero que, no obstante, los subordinados responsables de Media Superior locales deberán “trabajar en la revisión del Marco Curricular Común”. Asimismo, quien desempeña el desaparecido puesto de oficial mayor, Óscar Flores Jiménez, resaltaría que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó un techo de gasto para el ejercicio fiscal 2022 del sector educativo de 873 mil 466 millones de pesos, el cual es mayor en 5.7 por ciento respecto al aprobado para 2021”, y a otros más, como el jefe de la oficina de la titular y el responsables de la oficina de Enlace educativo quien justificaría su salario, señalando que esa oficina se encarga de coordinar la información de escuelas siniestradas.  

 

Mención por separado merecería “la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Adela Piña Bernal”; quien explicaría que el “objetivo final” de la dependencia que tutela sería “acabar con la corrupción y la venta de plazas, por lo que ahora se busca asegurar la contratación del personal con el perfil profesional que se necesita”; aunque las críticas por la asignación de plazas de titular A, B o, C que autoridades locales realizan al margen de la norma, provenientes de periodistas lo mismo que de personal docente afectado con derechos, se centren en los responsables de las Subsecretaría de Educación Superior, quienes requerirían de la complacencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Adela ignoraría las quejas por el mal funcionamiento de la plataforma contratada “institucionalmente” para la realización del examen de ingreso al servicio de carrera, al informar que “de manera totalmente transparente, se han asignado 43 mil 505 plazas”, con lo que se avanza para terminar con actos de corrupción en el otorgamiento de éstas. Adicionalmente, mencionaría que la responsabilidad sobre las plazas locales “corresponde a las autoridades estatales, las cuales deben realizar eventos públicos para que con toda transparencia se lleve a cabo la asignación correspondiente”. 

 

Delfina y Adela cerrarían en teoría una pinza; nodal para el funcionamiento ordenado del subsistema de educación obligatoria al insistir en un manejo pulcro del gasto público estatal y en el examen de ingreso al servicio de carrera y, consecuentemente, en los de promoción que debiesen estar siempre al margen de la venta y de la herencia de las plazas, las complicidades familiares y amistosas, los compadrazgos y compromisos políticos; modalidades que aún se aplican en el nivel de Educación Superior.   

Al federalizarse el gasto educativo, de proceder la propuesta retomada por Delfina Gómez, se abonaría a la resolución de inequidades -históricas- que han padecido entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz entre otras, derivadas de una menor captación de recursos tributarios y demás injusticias propiciadas por diferentes administraciones federales; como la doble negociación salarial pactada con Elba Esther Gordillo Morales, sin considerar el deterioro causado en las finanzas locales, en el que también influía la contratación de egresados de las escuelas normales, pactadas entre la Secretaría de Gobernación y el CNTE y, para quienes el gobierno federal entregaba un primer presupuesto no regularizable que se convertía en una carga permanente para los gobiernos de los entidades federativas. Así sucedería con muchas de las plazas de subsidio creadas por instrucciones federales en los años 70, con cargo a una partida que entregaba la federación a los gobiernos locales para que pagaran sin adquirir ninguna obligación contractual, pero que fueron reconocidas parcialmente por la administración de Peña Nieto al desaparecer el FAEB y sustituirlo el FONE y por qué no recordar la transferencia de obligaciones federales a las entidades, iniciadas con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Al extender la medida presidencial para salir del atolladero en Michoacán, como esboza la propuesta, se corregirían entuertos Gracia, que abonarían a la justicia social para toda la niñez, la adolescencia y la juventud mexicana. Se vale soñar.

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