Este martes ha trascendido que se estaría reactivando la posible orden de aprehensión contra Lorenzo Rivera Nava, exalcalde Chignahuapan, por haber contratado durante su trienio a un policía municipal que tenía antecedentes penales por presuntamente haber asesinado a una persona en 2018. Aunque se va a formar una planilla de unidad para renovar el Comité estatal del PRI, lo anterior podría evitar que el también exdiputado fuera elegible como dirigente, lo que le da ventaja a las dos mujeres Xitlalic Ceja García y Delfina Pozos Vergara.
De acuerdo a una copia de la orden de aprehensión, Lorenzo Rivera habría contratado a Juan Carlos Pérez, a quién le habían girado en su contra una orden de aprehensión –que tenía el número de expediente 76/2022– por presuntamente ser el homicida de un albañil llamado Ángel González.
La Jornada de Oriente publicó que la mañana del 4 de noviembre de 2022, un grupo de agentes de las policías Municipal de Chignahuapan y estatal, de manera conjunta, acudieron a un llamado para atender el reporte de robo de un vehículo en la comunidad de El Paredón.
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Al llegar los uniformados al lugar fueron emboscados por una supuesta banda dedicada al robo de combustible. El saldo del enfrentamiento fueron dos agentes muertos: Claudia Herrera y el propio Juan Carlos Pérez. De la indignación, por la muerte de los uniformados, se pasó al escándalo unos días después por la siguiente razón: Juan Carlos Pérez no era cualquier policía, era un personaje que un mes antes, le habían girado en su contra una orden de aprehensión.
Tal situación exhibía que en el gobierno de Lorenzo Rivera Nava se contrataban policías que tenían antecedentes oscuros. Esa omisión era un hecho grave, ya que los gobiernos municipales tienen la obligación legal de revisar los antecedentes de sus policías para evitar que los cuerpos de seguridad sean infiltrados por el hampa.
Más aún, quien contrató al policía caído, acusado de homicidio y lo convirtió en “su brazo derecho” fue Manuel Flores Ordoñez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Chignahuapan, quien a su vez era –o es— cuñado del presidente municipal. Es decir, había una relación de nepotismo.
Según la especie, se dice que a principios de diciembre de 2022 estaba lista dicha orden de aprehensión contra el priista Lorenzo Rivera, quien para ese entonces estaba cumpliendo apenas un año y dos meses como presidente municipal de Chignahuapan. El asunto estaba tan avanzado que “ya se había dado luz verde” desde la cúpula del Poder Ejecutivo para llevar a cabo ese mandamiento judicial.
Sin embargo, unos días más tarde, la repentina muerte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta provocó que dicho proceso penal se frenara y en las semanas siguientes, surgiera una negociación política del PRI con la 4T que aplazó de manera indefinida dicha causa legal.
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