El colectivo Agua para la Vida, Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua advirtieron que el dictamen de la Ley General de Aguas distribuido el fin de semana en la Cámara de Diputados pretende perpetuar la ley salinista en materia de agua, al mantener vigente la Ley de Aguas Nacionales, pese a que por mandato constitucional esta norma debería ser abrogada. Los organismos señalaron que la propuesta legislativa que podría llegar al pleno de San Lázaro esta misma semana preserva el esquema de concesiones al capital privado y la lógica de sobreexplotación de los recursos hídricos.
Mediante un comunicado, los colectivos –entre ellos la Asamblea Social del Agua de Puebla– subrayaron que el proyecto no incorpora las propuestas surgidas de los parlamentos abiertos ciudadanos ni de las audiencias públicas organizadas por el propio Poder Legislativo. Sostuvieron que, de aprobarse en sus términos, el dictamen desestima el trabajo de organizaciones, comunidades y especialistas que participaron en estos ejercicios.
Indicaron que la iniciativa no prohíbe la privatización del agua, por lo que consideraron indispensable derogar el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, que plantea “promover y fomentar” concesiones con capital privado para el financiamiento y operación de obras hidráulicas federales. Afirmaron que en la nueva Ley General de Aguas se debe prohibir expresamente la privatización en el artículo 44, con el fin de evitar sobrecostos, incumplimientos de responsabilidades e imposibilidad de cancelar concesiones en proyectos como El Zapotillo, El Realito y la PTAR Atotonilco, así como en la privatización de los sistemas de agua en Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Saltillo.
Los colectivos resaltaron que el dictamen incorpora un capítulo específico para “promover y fomentar” la participación privada en obras hidráulicas, lo que abre la puerta a nuevas privatizaciones de sistemas de agua y saneamiento, pese a las experiencias negativas documentadas en diversas entidades del país. Recalcaron que estos procesos han dejado tarifas elevadas, deficiencias en el servicio y escasa rendición de cuentas.
También alertaron que el proyecto mantiene márgenes de discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, quienes actualmente pagan solo sobre 20 por ciento de los volúmenes concesionados, según lo expuesto en el comunicado. Añadieron que se preservan los actuales consejos de cuenca como única instancia de coordinación gobierno–ciudadanía, donde únicamente están representados los grandes concesionarios, sin participación efectiva de comunidades y usuarios.
La propuesta de Ley General de Aguas, acusaron, excluye el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos y comunidades indígenas, omite medidas para corregir el sobreconcesionamiento de acuíferos y no establece instrumentos claros para prevenir la contaminación derivada de prácticas como el fracking. Señalaron que esta omisión contradice el discurso oficial sobre respeto a los derechos colectivos y protección de los bienes comunes.
Especialistas y defensores del derecho humano al agua que respaldan estas observaciones afirmaron que continuarán presionando al Poder Legislativo para que se ajuste a la Constitución y a los pactos internacionales vinculantes para el Estado mexicano. Plantearon que el Congreso debe actuar como contrapeso frente a la actuación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la que acusaron de una violación sistemática de derechos mediante actos y omisiones documentados en parlamentos abiertos y audiencias públicas.
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