Tehuacán. Al menos 80 por ciento del magisterio poblano está en desacuerdo con la exigencia del gobierno de rendir una declaración patrimonial y espera que desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se emita una postura contundente al respecto, aunque a la fecha eso no ocurre, declaró José Luis Leyva Machuca, integrante del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP).
Por vez primera el gobierno federal determinó que todos los docentes que laboran en el sector público están obligados a rendir su declaración patrimonial, lo cual ha generado molestia entre los maestros ya que la mayoría desconoce cuáles son los pasos a seguir para cumplir correctamente, expuso Leyva Machuca.
Destacó que no tiene sentido obligar a ello a la base magisterial, cuando hay cientos de profesores cuyo salario no supera los 5 mil pesos quincenales y no tienen ni propiedades para reportar en esa declaración.
Hay quienes pagan renta, usan el transporte público, están pagando créditos y ahora tendrán que contratar un contador para que les realice el trabajo de su declaración, lo que implica un gasto de, por lo menos, 500 pesos, señaló el representante del CDMP en esta región.
José Luis Leyva lamentó que, ante ese tipo de decisiones, el SNTE se mantenga ajeno a lo que sus afiliados reclaman, lo único que hace el sindicato, dijo, es enviarles videos u organizar mini conferencias para orientar a los maestros sobre los pasos a seguir en las plataformas digitales, lo que no ayuda a sus representados.
Son miles quienes deben presentar su declaración patrimonial, pero calculó que más de la mitad todavía no lo llevan a cabo porque esperan a que su sindicato se pronuncie con firmeza contra esa disposición, ya que debe asumir que la mayoría de los integrantes está en desacuerdo.
El pasado 15, Día del Maestro, tenían la esperanza de escuchar desde sus líderes nacionales un pronunciamiento fuerte al respecto, pero se quedaron esperando, lo que para Leyva Machuca es una señal de que se les dejará sin defensa en ese aspecto.
La fecha límite que se marcó para cumplir con esa obligación es el 30 de este mes, indicó, pero a su juicio será difícil que todos los que faltan vayan a llevar a cabo esa declaración o que puedan realizarla bajo los términos que el gobierno pide, porque muchos desconocen el procedimiento y la manera en que debe presentarse.
“Estamos en desacuerdo porque ganamos poco, luego no hay asesoría correcta, ni información adecuada de sus implicaciones para el docente de base”, enfatizó el entrevistado.