El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, se opuso a reconocer el derecho a la adopción a matrimonios compuestos por personas del mismo sexo.
Sin embargo, ofreció someter a debate la legalización de las bodas gay, aunque es la segunda ocasión que realiza el mismo compromiso en lo que va de la LIX Legislatura, sin que hasta el momento se haya concretado.
Jorge Aguilar, quien también funge como coordinador de la bancada del PAN, abordó el tema en entrevista con motivo de la iniciativa que promovió Enrique Peña Nieto para garantizar el matrimonio igualitario en todo el país, así como igualdad de condiciones para la adopción.
No apoya la adopción
El líder del Poder Legislativo local se dijo abierto a discutir la propuesta presidencial en torno a la legalización de las bodas entre personas del mismo sexo, pero admitió su oposición a que se les permita tener a niños bajo su cuidado.
Consideró que el tema es “complicado”, porque su puesta en marcha influiría en los derechos de menores de edad “que no están en condiciones de definir, elegir y opinar” en la materia.
“Mi postura particular, personal, es que hay que avanzar, eliminar la discriminación, pero es un tema sumamente controversial y creo que amerita un debate amplio de los legisladores primero”, manifestó.
Indicó que las mesas de diálogo sobre los matrimonios igualitarios se establecerán después de que el Congreso de la Unión emita un dictamen de la iniciativa de Enrique Peña, la cual involucra una reforma constitucional y al Código Civil Federal.
Compromisos incumplidos del Congreso
El 24 de junio de 2015 Jorge Aguilar aseveró que el Congreso del estado iniciaría el análisis de la jurisprudencia que emitió Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Aunque no garantizó un voto a favor de la propuesta por parte de la bancada del PAN, aseguró que la fracción actuaría de manera respetuosa durante la revisión que iniciaría, supuestamente, en un plazo máximo de 15 días.
Un año más tarde, el tema solo ha sido abordado por los legisladores en entrevistas, a pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación.